El Ministerio Público explica que la Comisión Ejecutiva del Banco de España autorizó la compra en 2008, si bien el supervisor emitió dos años después un informe que arrojaba "dudas sobre la legalidad de la operación que no fueron detectadas" anteriormente por los miembros del Banco de España. "Parece inferirse del presente informe del 2010 que la operación se diseñó con el fin de evitar los preceptivos controles de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid...".
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