En el Archipiélago solo se practican interrupciones del embarazo de forma voluntaria en cuatro centros concertados de la islas capitalinas; la nueva ley garantizará que se realicen en hospitales públicos. Carmen (nombre ficticio) vive en Fuerteventura y decidió interrumpir su embarazo hace ocho años. En su centro de salud le explicaron que era posible hacerlo por medio de la sanidad pública, que la derivó a un centro hospitalario privado de Gran Canaria con los gastos cubiertos.
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