En la primavera del 2015, con numerosos casos de corrupción en los ayuntamientos, con elecciones municipales y autonómicas previstas para Mayo y con un movimiento ciudadano potente y formando agrupaciones en numerosas localidades, los poderes políticos, los de siempre, reaccionaron poniendo trampas.
Los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, con el beneplácito de los nacionalistas, aprobaron justo dos meses antes de dichas elecciones la Ley Orgánica 3/ 2015 de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, modificando hasta tres Leyes Orgánicas anteriores, la 2/1982, la 6/2002 y la 8/2007, siendo lo más novedoso de la nueva ley los artículos 17 (infracciones) y 17 (bis) (sanciones).
El Sr. Cristóbal Montoro, dos días después, con la orden 572/2015 del 1 de Abril, concretando cifras a las subvenciones y gastos de las elecciones locales próximas, termina dando forma a esta maniobra, que bajo la excusa de la estabilidad presupuestaria, esconde un trato muy discriminatorio para las agrupaciones de electores.
Disponen e imponen unas normas de gastos, subvenciones y sanciones ante las elecciones municipales del 2015 totalmente antidemocráticas e irracionales haciendo que las plataformas municipales compitan desde el inicio con gran desventaja.
La normativa te permite gastar 0,11 € por vecino (gasto máximo y exclusivo de las agrupaciones) pero si te presentas en la mitad o más de los municipios de la provincia (partidos tradicionales) te permite añadir al gasto los debidos a papeletas y envíos por correos, además de otros 150300 € netos (porque sí).
De esta forma los grandes partidos, en una autonomía uniprovincial como Cantabria, pueden llegar a gastar "legalmente" en un municipio concreto más de 40 veces lo de una agrupación de electores creada en él.
Como las subvenciones también son discriminatorias por el criterio del 50% de los municipios, los mismos que han redactado estas normas tienen prácticamente asegurada la recuperación de sus gastos a costa del bolsillo de todos los ciudadanos.
Las agrupaciones de electores, ante unas elecciones, parten con gran desventaja, pero si esto no las desanima queda el apartado de sanciones (art. 17 bis de la nueva Ley Orgánica) para echar atrás toda competencia.
Así, a principios del 2018, muchas agrupaciones están recibiendo notificaciones del Tribunal de Cuentas por exceso de gastos en la campaña de las municipales del 2015, llegándose al absurdo de recibir propuestas de sanción de como mínimo 50000 € por haber gastado 250 €.
Hay 524 agrupaciones en todo el Estado bajo esta amenaza. Agrupaciones generalmente rurales, formadas por vecinos de a pie que voluntariamente han puesto pequeñas cantidades para su creación y apoyo a los pequeños pagos de la campaña (cartel, megafonía, folletos, etc) y que generalmente no superan los 1000 euros.
La amenaza real e irracional de los 50000 € ahoga, con métodos antidemocráticos, a las agrupaciones de electores y desalienta a cualquier tipo de participación ciudadana.
Los grandes partidos, si quieren ser respetados, tienen que rectificar.