En estos días y con motivo de la redacción de la Ley de Vivienda, asistimos al debate sobre el que creo es el mayor problema de los españoles: encontrar un alojamiento cuyo precio no le aproxime a la pobreza.
Y digo creo es el mayor problema dado que de poco sirve al ciudadano medio que los salarios suban, presionando con ello también la competitividad de algunas empresas o sectores, principalmente los exportadores, si el precios del alquiler de la vivienda siguen a esos salarios de forma más o menos regular.
Con motivo de la redacción de la mencionada ley y su consecuente debate, asistimos a un nuevo desencuentro entre los dos socios de gobierno, Podemos y PSOE, escribiendo este último un nuevo capítulo en la que ha sido su forma habitual de actuar en los años de gobierno acumulados: La promulgación de leyes progresistas - divorcio, aborto, matrimonio homosexual, y ahora eutanasia - a la vez que muestra un evidente plegamiento al poder económico. Los intereses del fondo Blackstone, con sus 20.000 millones de euros invertidos en inmuebles en nuestro país, de otros fondos además de los bancos tradicionales, parecen pesar bastante más que la influencia que Podemos pueda tener en el gobierno.
Frente a la propuesta de Podemos de limitar el precio del alquiler, como ya se da en ciudades europeas, Berlín como ejemplo, la tibia propuesta de rebaja fiscal del PSOE que dejaría más que felices a propietarios, en especial a grandes tenedores.
De forma mucho menos conflictiva y con infinita menor repercusión, en ocasiones surge en los medios algún eco sobre la problemática que supone la España vaciada, y cuando ello sucede se da de forma totalmente descorrelacionada con el irresuelto asunto de los precios del alquiler, cuando en mi opinión ambas están relacionadas hasta ser una consecuencia de la otra, pues no en vano obtenemos el desconcertante dato de que el 50% de la población española vive en el 1% del territorio. Un sinsentido, estúpido, en absoluto inteligente.
Parece más que evidente que el problema del precio del alquiler no es el gran problema de España, si no solo de las zonas donde la densidad demográfica es mayor, esto es áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, quizá Málaga, junto con Baleares o Euskadi. De hecho, y según la fuente que menciono en link que incluyo tras este párrafo, tenemos un precio medio de alquiler de 14 euros por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid, 13,6 euros por metro en Cataluña, 12,3 euros en Euskadi o los 11,4 en Baleares. En el otro extremo nos encontramos los 6,9 euros de Castilla y León, los 5,7 euros en Castilla y la Mancha o los 5,3 de Extremadura.
www.bankinter.com/blog/mercados/precio-alquiler-espana
Quizá el precio del alquiler no sea el gran problema de toda España, pero si lo es de los españoles, pues nos encontramos ante el círculo vicioso que supone la obligatoriedad de residir en las zonas del país más tensionadas demográficamente y por tanto en los precios de los alquileres. Obligatoriedad que surge de la concentración de puestos de trabajo en esos núcleos superpoblados. Intuyo que miles de personas estarían encantadas de abandonar las grandes áreas metropolitanas para residir en otras zonas donde debido al precio del alojamiento su sueldo diera bastante más de sí, pero donde la oferta de empleo es mucho menor, sino ínfima.
Creo que se deberían afrontar ambos problemas, la carestía del alquiler y la España vaciada, de forma conjunta, y no por un retorcido capricho de matar dos pájaros de un tiro, sino porque su estrecha relación parece más que evidente.
Así, entre la regulación de precios máximos propuesta por Podemos y la muy tímida propuesta del PSOE, la bonificación fiscal - a la cual no le vendría mal añadir, para completarla, un importante gravamen para aquellos inmuebles cuyo propietario prefiera dejar desocupados - cabrían otras medidas que pudieran considerarse, debatirse y pulirse. Algunas podrían ser:
1) FOMENTO DEL TELETRABAJO
Quizá el único aspecto positivo que nos ha dejado la pegajosa pandemia sea la experiencia vivida en relación al teletrabajo. No pocas empresas han descubierto como esta modalidad laboral puede ayudar a optimizar recursos, cada puesto de oficina tiene un coste inherente, sin reducir productividad. No pocos trabajadores han experimentado las ventajas del teletrabajo en modo de ahorre de dinero y tiempo, suprimiendo el inevitable desplazamiento que implica el trabajo presencial, con la consecuente mejora en calidad de vida y/o conciliación familiar.
Es evidente que el teletrabajo no es aplicable a toda actividad, pero sí a muchas, y por tanto que el número de trabajadores que potencialmente se pueden acoger a ello, significativo.
Debido a esta novedosa modalidad pudiera surgir una importante bolsa de personas que no estuvieran obligadas a vivir en las ciudades o en un radio de treinta kilómetros desde el centro de las mismas. Este círculo podría expandirse más allá de los, pongamos, sesenta kilómetros, lo cual ayudaría a descongestionar de población los núcleos urbanos más saturados. Parece ser, por la experiencia vivida en estos meses, que más que al teletrabajo puro la tendencia ha sido asumir una modalidad de trabajo semi-presencial, donde se alternan días de trabajo a distancia con otros en la oficina - para la empresa parece ser importante mantener un contacto directo con sus empleados - y es por ello que el trabajador quizá no se aventurarse a desplazarse aún más lejos de la ciudad. Pudiera ser que vivir a doscientos kilómetros del centro de trabajo cuando se deba acudir al mismo determinados días al mes, no fuera lo más recomendable, y también tendríamos que considerar el temor a que la modalidad de trabajo a distancia fuera revertida por uno u otro motivo.
Por lo comentado en el párrafo anterior se podría deducir que el teletrabajo no lograría que significativos porcentajes de población se trasladasen a provincias poco pobladas, pero si ayudaría a mitigar su concentración entorno a los núcleos urbanos. Lo que es seguro que el teletrabajo conseguiría sería reducir la demanda de oficinas pues al no acudir toda la plantilla todos los días a las mismas, el número de metros cuadrados necesarios se limitaría sustancialmente. Es obvio que los propietarios de esas oficinas ahora vacías desearían continuar obteniendo rentabilidad de estos activos, y la forma de conseguirlo y por el camino más corto sería su reconversión en viviendas, aumentando por tanto la oferta de estas últimas.
Es por ello que creo que todo gobierno que realmente desee reducir el precio de alquiler de vivienda, y obtener de paso otros beneficios colaterales como serían limitar la factura energética al reducir el número de desplazamientos, con las consecuentes mejoras en medio ambiente, mitigar la presión sobre las redes de transporte público, o conseguir avances en la conciliación de vida familiar, debería hacer una apuesta decidida por el fomento del teletrabajo, y esto podría llevarse a cabo mediante bonificaciones fiscales a empresas que realmente adoptaran esta modalidad laboral de una forma definitiva y estable.
2) PLUS ECONÓMICO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS POR UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Es sabido que en materia de organización social no es necesario ser original para ser más eficiente, es más, parece más adecuado copiar lo que ya ha funcionado en otras sociedades que realizar experimentos de incierto resultado.
Es por ello que ahora hablaré del London Weighting. Concepto este que no supone otra cosa que el reconocimiento en el Reino Unido del aumento del coste de vida que supone para un trabajador el ser trasladado a Londres desde otros puntos del país. El London Weighting es un plus salarial basado en el reconocimiento antes mencionado. La empresa, la sociedad en su conjunto, asume como cierto que el trabajador que es trasladado desde Leeds, Leicester o Norwich a la capital del país y su área metropolitana, el llamado Greater London, sufre un menoscabo económico en su salario debido a la mayor carestía de vida en la capital, menoscabo que es compensado.
Nada similar existe, creo, en España. No en vano ý como ejemplo, Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya habló en su día de ofrecer ciertas ventajas a policías nacionales dada su reticencia a ser destinados en la capital por los mencionados motivos económicos (Y aprovecho este dato para comentar que me pareció que Ayuso se preocupaba por los policías, importándole poco menos que un pimiento el resto de trabajadores).
De hecho, una buena parte de los convenios colectivos son de alcance estatal, incluidos los conceptos salariales en ellos contenidos. Así y como ejemplo, un vigilante de seguridad tendría el mismo salario base y pluses trabaje en Madrid o en Barcelona que en Molina de Segura o Villanueva de la Serena, y es más que obvio que 1200 euros mondos y lirondos no permiten el mismo nivel adquisitivo en las dos primeras localidades mencionadas que en las dos siguientes.
Parece de justicia reconocer en los convenios colectivos, a través de un plus salarial, la carestía de vida inherente al lugar donde se ha de residir por motivos laborales.
Y quizá en este punto de la exposición te estés preguntando: ¿En qué se relaciona esto con el precio del alquiler? La respuesta no es otra que de generalizarse esa mejora económica en los convenios, las empresas que pudieran tenderían a abandonar Madrid y Barcelona, por mera optimización de costes, y con ello disminuiría la demanda de vivienda en las dos urbes más pobladas del país.
3) BONIFICACIÓN FISCAL A EMPRESAS POR UBICACIÓN EN ZONAS DE MENOR DENSIDAD DEMOGRÁFICA.
En la misma línea que la propuesta anterior y también basada en la enorme estupidez que supone que el 50% de la población española habite en tan solo el 1% del territorio, el gobierno debería plantearse revertir esta situación a través de bonificaciones fiscales a empresas que, simple y llanamente, abandonen Barcelona o Madrid y trasladen sus instalaciones y actividad a provincias poco pobladas.
Se combatiría así y al mismo tiempo contra la España vaciada, se modificaría la relación entre demanda y oferta de vivienda en las zonas más tensionadas, consiguiendo una rebaja en el precio de los alquileres en éstas, ayudando a su vez a la racionalización del uso del territorio.
Y PARA TERMINAR, RESISTENCIAS.
Las tres ideas antes expuestas podrán ser más o menos acertadas, podrían admitir retoques en un sentido u otro, pero lo que es seguro es que supondrían cierto cambio social, y siempre que este se da, existen resistencias dentro de esa misma sociedad. Intereses que al saberse afectados reaccionarían mostrando toda la oposición que fueran capaces.
Así, y como ejemplo, hemos visto como empresarios de hostelería se han posicionado públicamente en contra del teletrabajo. La no presencialidad de trabajadores en zonas de oficinas hace que se reduzcan notablemente el número de cafés o menús que pueden facturar. El primer argumento que esgrimirían sería la pérdida de empleos en el sector. Siempre se hace. Si bien no creo que los empresarios de hostelería tuvieran peso suficiente para oponerse el ahorro de costes que supondría el teletrabajo para las empresas en que tal opción sea posible.
Las medidas que afectasen al rebalanceo de población de Madrid y Barcelona hacia otras provincias tendrían cierta oposición política. La pérdida de empresas y trabajadores activos supone un menoscabo en la recaudación de impuestos autonómicos vía IRPF. Es más, podría modificar sustancialmente aspectos como el peso político de regiones enteras, variando con ello el número de escaños correspondientes a tal o cual provincia, el número de puestos de diputados provinciales a repartir en tal o cual lugar.
Pero la oposición más enconada vendría del mismo grupo que ahora se opone a la regulación del precio del alquiler: los propietarios, y en especial los grandes propietarios. Estos, realizan inversiones condicionadas por la relación entre oferta y demanda de vivienda, relación que debe ser lo suficientemente favorable como para que la inversión alcance los niveles de seguridad y rentabilidad por ellos deseadas. La presión demográfica en las áreas metropolitanas supone un seguro para tales inversiones. Y estos, al contrario que hosteleros, sí tendrían la suficiente fuerza para obtener el favor de partidos políticos de tonos azul anaranjados verdosos, así como para provocar un tsunami de editoriales, artículos, opiniones tertulianas en las cadenas mayoritarias, favorables a sus intereses y por tanto contrarias a la racionalización del uso del territorio en nuestro país.
Al menos sería divertido conocer los argumentos que utilizarían.