El conocimiento de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por 30 euros y consiguiente cuestionamiento de su titularidad y gestión por parte de la Iglesia en Córdoba desde la sociedad civil y partidos como Izquierda Unida y Ganemos coincidió con la decisión desde el Cabildo y las cofradías del traslado de la Carrera Oficial de la Semana Santa al entorno del monumento Bien de Interés Cultural el año pasado.
Falta de planificación, de participación y consenso con todos los sectores de la ciudadanía e instituciones afectados por la Carrera Oficial de la Semana Santa; Decisiones unilaterales y precipitadas por parte del Cabildo Catedralicio y las cofradías; Promesas de “comisiones con los vecinos” por parte de la alcaldesa que nunca se cumplieron; Preocupación de la ciudadanía referente a la seguridad, la movilidad y accesibilidad; descoordinación entre el ámbito religioso y partidos políticos que desde el Ayuntamiento manifiestan discrepancias; Y, por último, el creciente uso y abuso de un monumento patrimonio de todos ante la estupefacción de cordobeses y turistas.
Se ha quebrantado la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español que, describe, entre otras cuestiones, la protección para los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), con la colocación de palcos sobre el andén de la Mezquita; "Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación"
