La Unión Europea quiere unificar la actualmente fragmentada protección de los alertadores o whistleblowersen los países de la Unión Europea (UE), a través de un sistema diseñado para proteger y fomentar la denuncia de las infracciones del derecho con plenas garantías ante posibles represalias para los denunciantes de corrupción u otras irregularidades, tanto en el sector público como en el privado. También se protegerá a los periodistas que publican sus denuncias.
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