Los privilegios fiscales de la jerarquía católica se mantienen prácticamente intactos, pese a la confusión generada en la última semana. El Gobierno asegura que la Iglesia ha renunciado a la exención del ICIO gracias al pacto alcanzado con Moncloa. Y no es cierto. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya dictaminó en 2017 que la Iglesia católica está obligada a pagar el impuesto de obras en actividades que generan rendimiento económico. 2. La legislación comunitaria prevalece sobre el derecho interno, La sentencia del TJUE...

Diputados y senadores mantienen intactas sus ventajas fiscales. Alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos también tienen trato preferente. Bajo el concepto de indemnizaciones por razón de servicio (presuntas dietas sin límite ni justificación documental alguna) se exime a los diputados y senadores de tributar que por el 39,1% de su salario público real. Los parlamentarios nacionales sólo tributan por la mitad de los impuestos que deberían satisfacer si no hubieran legislado a su favor y algo similar pasa con la fiscalidad de los demás..

El socio de UPN reclama a Sánchez que revise la autonomía tributaria de Navarra y de la CAV porque 'implica una situación de desigualdad muy injusta entre los españoles'

Luxemburgo, Holanda, Bélgica y próximamente Irlanda quedan en evidencia al negociar selectivamente ahorros tributarios escandalosos con las grandes firmas. La Comisión tolera los acuerdos fiscales ('tax rulings') pero no la tributación laxa a determinadas empresas en detrimento del resto. Bruselas examina con lupa hasta 300 acuerdos con empresas en 22 países de la UE.

Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores se ha concentrado frente a la Fiscalía de Madrid para exigir que deje de actuar "al margen" de la FGE. Los familiares de víctimas han anunciado que pretenden reunirse en septiembre con otras organizaciones para ver si pueden llevar sus demandas a las instituciones europeas

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una pequeña rebaja fiscal para rentas medianas y bajas y consolida en la ley del IRPF la no tributación del salario mínimo interprofesional. En su conjunto, estas dos medidas afectarán a 5,2 millones de contribuyentes y supondrán un coste para las arcas públicas (o un ahorro para los beneficiados) de 1.385 millones de euros, según estima el Ejecutivo.

“Lo que deberían hacer otras comunidades autónomas […] es ver qué funciona mejor en otras regiones y copiarlo […] Es bueno que entre nosotros compitamos”. Pero cuando la cuestión desborda el ámbito estrictamente tributario, la “sana” competencia que defiende Ayuso deja de ser virtuosa. “No tiene sentido que entre comunidades autónomas nos estemos quitando los profesionales sanitarios."

El intercambio de mensajes confirma que el fiscal general dio la instrucción de remitir el comunicado para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez al departamento de prensa de la Fiscalía de Madrid, cuyo personal depende del Gobierno de Ayuso y que este se negó. Tras comunicar a la fiscal superior que la nota estaba consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y una vez que Lastra rechazó también en conversación telefónica mandar la nota de prensa, García Ortiz dio la instrucción a la fiscal superior de Madrid

Los jueces dan la razón a la conservadora Asociación de Fiscales e imponen que sólo se fiscalice a los fiscales que sí realizan la labor de preparación para el acceso a la función pública. Los jueces de la Sala de lo Contencioso anulan el decreto que imponía a todos los miembros de la carrera fiscal la obligación de informar a la Fiscalía General del Estado sobre si desempeñaban o no labores de preparación de oposiciones. La sentencia establece que sólo estarán obligados a facilitar esa información quienes si realizan esta actividad.

La cúpula fiscal respalda por la mínima al fiscal general del Estado, que defiende que procede amnistiar todas las conductas vinculadas con el referéndum del 1-O y levantar la orden de detención contra el expresident

La mayoría de la Junta de Fiscales ha coincidido con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont. Así las cosas, la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del procés Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal del Supremo.

Manos Limpias ha presentado en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al ser responsable último de la difusión por la Fiscalía de Madrid de una nota de prensa que contenía datos del pacto que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ofrecía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.

El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a descabalgarlo del puesto con una mera imputación por una nota de prensa. El ruido será ensordecedor desde la derecha, pero antes de renunciar García Ortiz debería tener en cuenta el precedente para la institución y repasar los casos de Mónica Oltra y Victoria Rosell

00:47:20 Exit Tax: ¿Qué es y cómo protegerse? 00:56:29 ¿Qué errores se cometen al cambiar de residencia fiscal? 01:04:12 ¿Cómo pagar menos impuestos? 01:46:25 España: Régimen Beckham 01:54:10 ¿Es recomendable repartir tu patrimonio entre distintos bancos del mundo? 01:56:50 ¿Es recomendable tener los activos a tu nombre o mejor montar sociedades? 01:58:56 Three Flag Theory: ¿Por qué debes tener varios pasaportes? 02:02:19 Impuestos por nacionalidad 02:04:09 Paraísos fiscales: ¿Pueden ser útiles?

El motivo es que Álvaro García está convencido de que actuó conforme a derecho y no reveló secreto alguno al ordenar la publicación de la nota de prensa que desmontó el bulo lanzado previamente por el entorno de Ayuso, de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de la presidenta por sus delitos fiscales, cuando sucedió justo lo contrario.

Es la norma, no la excepción: el primero que cae en España es siempre el que denuncia o persigue la corrupción. Y siguiendo esta larga tradición, el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso probablemente será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Jaque mate, porque la imputación es el final de esta partida. El cerco contra el fiscal general del Estado coincide con otra cuestión: la entrada en vigor de la amnistía. Y la defensa que ha hecho Álvaro García Ortiz del cumplimiento de esa ley le pone en la picota

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat.

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.