Aunque fue un compromiso de la anterior legislatura, y no salió adelante al no conseguirse un proyecto de consenso entre las fuerzas progresistas, Pedro Sánchez no incluye la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en su programa para el 23J.

El debate entre pragmatismo e idealismo es consustancial a la izquierda. Pero ninguno de los votantes del PSOE, de Unidas Podemos, de ERC o de Bildu se merece que esta ley nefasta vaya a sobrevivir a un parlamento que pudo haberla derogado... esos dañinos proyectiles que tantos ojos han costado nunca han estado en esta ley de seguridad ciudadana ni en las anteriores...

Representantes de trece entidades se han unido hoy a la plataforma No Somos Delito a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar cambios más profundos en la que consideran como la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. “Estamos en la recta final de una negociación parlamentaria en la que se dirimen los márgenes en los que ejerceremos derechos y libertades en los próximos años”, ha afirmado Sol Román, portavoz de No Somos Delito.

El Congreso de Colombia aprobó el miércoles un proyecto de ley impulsado por el gobierno que ha causado rechazo en algunos sectores que lo señalan de ir en contra del derecho a la movilización social. La nueva ley fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año en contra de una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que dejaron más de 40 muertos, 3.000 heridos y daños a la infraestructura pública. Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la…

Con pocas semanas de diferencia, seis jóvenes de Zaragoza han sido condenados a siete años de cárcel y uno de Barcelona ha sido absuelto. La acusación era la misma: agresión a un policía y, como única prueba, la declaración de un agente.

y se centra, entre otras cosas, en que reforman la infracción de uso de imágenes de miembros de las FCS de modo que pueda poner en peligro la seguridad de agentes, sus familias, etc". Antes de hablar, voy a colgar un CUADRO SINÓPTICO sobre la reforma de esta infracción. Así os ahorro el resto del hilo. Como se puede ver, la reforma consiste en INTRODUCIR EN EL TEXTO LEGAL LAS EXIGENCIAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 172/2020 (por lo demás, bastante descorazonadora). La 1ª reforma es dejar claro que, como ha dicho el TC, NI EXISTE,

De comisarios a agentes y de oficiales a guardias, todos coinciden: «Se van a resentir la seguridad y la convivencia» La indignación aumenta entre los profesionales: «Lo que se traslada es que los malos somos los policías»

El sindicato de policías JUPOL pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, se mantenga la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin autorización previa.

Una sentencia reconoce el derecho de un ciudadano a grabar una intervención policial para evitar o alertar de algún abuso policial, pero advierte de que subirla a las redes sociales puede suponer "un uso irregular de las imágenes" y una "exposición mediática sin motivo alguno" de los agentes.

El pleno del Congreso retoma este jueves la reforma prometida y pendiente desde hace casi tres años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, con el debate y votación de la única enmienda a la totalidad presentada por el PP al texto que propone el PNV, respaldado por la mayoría. En su enmienda a la totalidad, el PP solicita que la norma no sufra cambios y que el Gobierno informe cada seis meses del empleo de una ley que considera más vigente y útil que nunca.

¿Terminará este año con la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor? Con apenas seis años de vida, la llamada ley mordaza presume de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional y de haber estado al borde de la reforma con un notable consenso parlamentario. Muchos grupos prometieron derogarla, pero poco se ha avanzado por hacerlo

Durante estos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que puede conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio, según una guía distribuida por Interior al mes del estado de alarma .La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha sido en la que se han apoyado los agentes para denunciar al infractor, dado que no se creó ninguna norma "ad hoc"

Los abogados consultados por El Salto consideran que la interpretación laxa de la desobediencia por parte del ministro del Interior no será suficiente para que los jueces puedan sancionar razonadamente las propuestas de multa. Pero, en cualquier caso, el trabajo de amedrentar y controlar a la población ya está hecho.

La Ertzaintza ha imputado un delito de injurias con publicidad a la autora del vídeo que recogió las detenciones de un hombre y su madre en San Francisco el pasado 29 de marzo. También han abierto a esta vecina una denuncia por la Ley de Seguridad Ciudadana por difundir las imágenes de la actuación policial en las redes sociales y a otros dos vecinos por insultos a los policías, según ha podido saber este periódico.

La ley recoge 54 artículos con sanciones que oscilan entre las leves (artículo 37) a las muy graves (artículo 35). Y según los datos desglosados por año, se ha pasado de 87.872 sanciones en 2015; 197.947 en 2016, 229.932 en 2017; y 249.665 en 2018, en total, 765.000 sanciones. La recaudación por parte de la Administración General del Estado ha crecido también cada año desde su aplicación, con un total recaudado de 416,5 millones de euros entre 2015 a 2018, se ha pasado de 41,57 millones de euros en 2015 hasta los 149 millones de euros en 2018.

Pide que los mecanismos de Derechos Humanos actúen con rigor, "fieles a sus mandatos y no sujeros a manipulaciones con fines espurios" El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, ha defendido este miércoles en la sede de la ONU en Ginebra que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 "no restringe la libertad de expresión" y "busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico"

Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. A la vista de la repercusión que ha tenido el amplio margen de maniobra que concede al Gobierno, lo desgranamos y explicamos en este artículo para estar atentos a todas sus implicaciones.

La ley de seguridad ciudadana puede estar cerca de su final. La ponencia encargada de reformar la norma, bautizada por sus detractores como la ley mordaza, abordará durante la próxima semana algunos de sus artículos más lesivos; concretamente, los que se re refieren a los límites de los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador.

Los grupos han conseguido consensuar una modificación en la definición de “seguridad ciudadana” que acota el concepto,lo que de facto hace imposible sostener ciertas infracciones que actualmente se amparan bajo la protección de la seguridad de los ciudadanos; han acordado suprimir términos como el de “paz pública”, cuya “ambigüedad”,denuncian estas mismas fuentes,crean espacios donde pueden producirse “abusos” por parte de los poderes del Estado; e incluir una definición de seguridad ciudadana que se aproxime más a “garantizar los derechos..

"las ochenta multas que se interponen en España cada día sólo por la aplicación de dos artículos de esta ley: el que castiga la falta de respeto a las fuerzas de seguridad, -discrecional y ambiguo en opinión de Beltrán-, y el que sanciona episodios de desobediencia o la negativa a identificarse incluso en los casos en los que no se haya producido ningún acto violento ni delictivo". El presidente de Amnistía Internacional ha cifrado en más de 25 millones de euros la recaudación en multas que ha supuesto la aplicación de estos dos artículos.

El carácter de urgencia para el debate, aprobado por la mayoría conservadora de la Cámara Baja, permitirá que el proyecto tramite con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados. En Brasil, según las normas actuales, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, aunque la derecha y las influyentes iglesias evangelistas bregan en el Parlamento para endurecer esas condiciones. Según el proyecto del diputado Cavalcante, en caso de que un aborto sea realizado pasadas las 22

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei logró ayer que se aprobase en el Senado una ley fundamental para este gabinete, la ley de 'Bases y Puntos de Partida

La vulnerabilidad catalogada como CVE-2024-300781 y denominada Windows Wi-Fi Driver Remote Code Execution Vulnerability tiene una severidad máxima calificada de "Importante" (8,8 sobre 10). Afecta a Windows 10 y 11 y Windows Server desde 2008 hasta 2022. El problema reside en el driver del adaptador Wi-Fi, que en determinadas circunstancias no valida correctamente la entrada de datos que recibe, lo que facilita la ejecución remota de código.

En medio de la sesión por el proyecto de Ley Bases en el Senado, se registran graves incidentes en las inmediaciones del Congreso. Los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes ocurrieron pasado el mediodía, cuando incluso legisladores peronistas se vieron afectados por gas pimientas. Pero la tensión creció ya en horas de la tarde, pasadas las 15:30. Fue cuando llegaron las principales columnas de movimientos de izquierda y manifestantes arrojaron bombas molotov y piedras.

La legislación española actualmente recoge dos delitos, el de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, que pueden llegar a penas de prisión de dos años en el primer caso y seis meses en el segundo.

El instructor del tribunal da cinco días a las partes para informar sobre la Ley de Amnistía y comunica a la Policía que la orden de detención de Puigdemont sigue activa.

Hoy registramos una ley para que el Congreso pueda acordar un embargo total de armas con Israel o cualquier otro país que vulnere los derechos humanos. Es indecente que el gobierno siga comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas a un estado genocida y terrorista.