El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) guarda silencio ante las irregularidades del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Consistorio para saber si procederá a realizar una inspección en el chalet de lujo que posee en el mencionado pueblo a raíz de las informaciones desveladas por este medio pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.

UGT, ESK y LSB-USO consideran “un chiste” que la empresa catalan achaque sus reiteradas sanciones de la Inspección de Trabajo a que se denuncia “cualquier cosa” cuando comete irregularidades “desde el primer día”. En el último año, la Inspección de Trabajo ha constatado 23 infracciones por parte de Grup La Pau. Una es “muy grave” y las otras 22 son “graves”. Es más, después de que se diera a conocer esa cifra han seguido llegando más denuncias con hechos acreditados como la presencia de trabajadores sin contrato, según indican los sindicatos.

El hombre se negó a identificarse cuando un subinspector le pidió hacerlo en Gáldar, en el norte de Gran Canaria. Al oponerse a hacerlo, el agente le impuso una sanción por obstrucción, sin importar si realmente era una prestación laboral o no. Fuentes jurídicas consultadas ven poco recorrido a un posible recurso

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

La compañía acumula 253 millones en sanciones y cuotas no abonadas a la Seguridad Social. La Fiscalía de Barcelona investiga su modelo laboral.

El alcalde de la capital confirma de nuevo que habrá inspección en el piso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dos años después de que los técnicos se opusieran a las obras cuando Alberto González Amador, pareja de Ayuso solicitó el permiso. Martínez-Almeida, aun así, habla de inspección en tiempo y forma. "El Ayuntamiento cumple con sus obligaciones sea quien sea la persona afectada", ha señalado este martes ante los medios de comunicación.

Obstrucción de la actuación inspectora. Empresa (recolectora de fresas) que no identifica a 13 trabajadores que abandonan a la carrera el centro de trabajo durante dos visitas de la Inspección. Presunción de veracidad de los hechos constatados personalmente por los inspectores actuantes. Adecuada tipificación como falta muy grave

Hace justo una semana el Ayuntamiento de Madrid anunciaba el primer Plan de Inspección Urbanística de la capital, un documento que marca la estrategia de la Agencia de Actividades en materia inspectora y define sus prioridades. Estará vigente en 2024 y 2025. En el documento remitido para su aprobación no se da un solo detalle de cómo se va a acometer esa actividad inspectora, en qué plazos y con qué presupuesto

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sanción de 130.000 euros a una empresa de cultivo y recolección de fresas en Huelva por una falta muy grave de obstrucción a la labor de los inspectores, al no identificar a 13 trabajadores que abandonaron a la carrera el lugar de trabajo durante dos visitas de la Inspección de Trabajo. De esta forma, el Supremo rechaza el recurso de la empresa y avala la sanción, que fue impuesta por el Gobierno tras el acta de infracción en materia laboral por obstrucción a la labor inspectora.

Decenas de conciertos por toda España generaron en 2022 un agujero de 5,9 millones de euros en la Seguridad Social, según refleja un acta de liquidación de Inspección de Trabajo a la compañía Actura 12 S.L. por “diferencias de cotización”, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El caso, además, arroja luz sobre otra cuestión: la precariedad laboral de los músicos, que genera un terreno fértil para este presunto fraude. Se trata de una práctica que han llevado a cabo distintas empresas durante años, según los documentos y testimonios recabados por e

Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce, sin embargo, que su pareja está afrontando "una inspección de Hacienda", aunque asegura que eso nada tiene que ver con su Gobierno. Acusa a Moncloa de inflar el caso.

El líder del PP pasa de puntillas por la judicialización de los negocios de la pareja de la presidenta de Madrid- mientras extiende un manto de sospecha sobre la mujer de Pedro Sánchez, a la que acusa de “conflicto de intereses” por recibir supuestamente “financiación” de Air Europa mientras era rescatada por el Gobierno

Los camareros claman por sus horarios y sueldo: "Quien tiene alternativa deja la hostelería"

La inspección se llevó a cabo tras la queja presentada por el Sindicato de Trabajadores del Transporte (ITF España) sobre la situación de un tripulante, que manifestaba tener dolor en una mano desde hacía unos 20 días y al que se le había negado acceso a atención médica en tierra por parte del capitán del buque. Un equipo de tres inspectores de la Capitanía Marítima realizó el análisis de la situación a bordo, envió al tripulante herido -que sufría fractura en una mano- al hospital y comprobó que el buque tenía graves deficiencias ...