No, establecer unas pensiones mínimas de 1.080 euros mensuales no sería una muestra de solidaridad intergeneracional, sino de egoísmo intrageneracional: los bajos sueldos de los jóvenes serían extraordinariamente machacados para incrementar alocadamente las pensiones de los mayores. ¿Cuánto deberíamos incrementar el gasto público para elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales? Como es evidente, España no puede mantener un déficit estructural de 10 puntos del PIB. Hagamos unos simples cálculos: a día de hoy, en España hay...

República Dominicana parece haber adoptado la misma receta que ha conducido a otros países al desastre económico, incurriendo en préstamos a tasas excesivamente altas para financiar un desenfrenado gasto público. Los altos subsidios que pagan en el sector eléctrico, operado por empresas estatales deficitarias, genera parte de los problemas económicos de República Dominicana. El peso de la deuda ha alcanzado niveles alarmantes para la nación caribeña, cuyo gobierno por otro lado se rehúsa a ejercer mayores controles sobre el gasto.

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

España cae cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años. Detrás de esta pérdida de posiciones se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado ha emitido este viernes la orden que esperaban los fiscales del procés. En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos".

Ordena a los fiscales que aboguen por levantar las órdenes de detención dictadas por Pablo Llarena.

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

A raíz de la filtración de información confidencial que existía en emails entre fiscalía y el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, hoy ha declarado la fiscal de Madrid y ha declarado que filtró los emails por orden imperativa del fiscal general del estado de Pedro Sánchez, el cual debería pasar como investigado al Tribunal Supremo en breve, y podría arrastrar a Pedro Sánchez

Almudena Lastra dice al juez que investiga a dos de sus subordinados que ella no estaba de acuerdo con el comunicado y que el fiscal general, que se ha hecho responsable de su difusión, le dijo por WhatsApp que debía enviarlo por “imperativo

La fiscal superior de la Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este jueves ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, le dijo que lo tenía que hacer por "imperativo".

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.