The Grayzone ha obtenido grabaciones de vídeo de figuras bien relacionadas dentro de la comunidad política y empresarial de Moldavia que declaraban abiertamente sobre la corrupción en el gobierno y la economía del país, al tiempo que esbozaban planes para enriquecer a los inversores occidentales a cambio de una comisión adecuada.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que no le extrañaría que el filtrador fuese Fran Hervías (exdirigente y exsenador de Ciudadanos por Andalucía y ahora fichado por Génova a las órdenes del secretario general del PP, Teodoro García Egea).

Ya era más que sospechoso que durante más de dos meses los investigadores de la Policía Judicial encargados de dilucidar el misterio de las grabaciones al ministro Fernández Díaz fueran incapaces de obtener los audios originales, pese a que fueron entregados por Público a la Fiscalía General del Estado. Pero la versión que acaba de filtrar el Ministerio del Interior sobre el “informe preliminar” presuntamente elaborado por la Policía Científica constituye una sarta de mentiras tan obvias y absurdas que raya en el delirio. Para empezar,se supo..

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado hoy la decisión del instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, de mantener el secreto del sumario, al tiempo que ha sospechado que las grabaciones relacionadas con la trama encabezada por Francisco Correa están siendo filtradas por la Policía.

Nolasco llevaba un micrófono en la solapa con el que ha grabado el diálogo y luego el equipo de prensa de Vox lo ha distribuido a los casi 400 periodistas del canal de WhatsApp del Gobierno aragonés.

El alcalde de Láchar, Pedro Sánchez, ha denunciado a la Guardia Civil que ha sido víctima de unas supuestas grabaciones ilegales en su despacho. En las que supuestamente hablaba de "hacer facturas ilegales, prevaricación y cohecho".

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha archivado de plano la denuncia que un particular presentó contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un delito de revelación de secretos al hacer unas declaraciones públicas sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador.

Una mujer llega a su casa, se pone cómoda, se queda en ropa interior en su salón y ve la tele en compañía de su hijo pequeño. Una escena doméstica sin mayor trascendencia que se convirtió, sin saberlo las víctimas, en material difundido en un grupo de Telegram con 237 miembros. No solo eso: las relaciones sexuales de una pareja en su dormitorio también acabaron como contenido del mismo chat.

Política y corrupcción, como siempre cuanto menos llamativo mejor.

Polianksi, embajador adjunto ante la ONU, subraya que Alemania ya no es el país con el que Rusia firmó “tratados amistosos en las décadas de 1990 y 2000” y resulta “inevitable” hacer “una analogía con la de 1930”, en referencia a la Alemania de Adolf Hitler. "Esto es una completa vergüenza y un desprestigio para Alemania, que muestra sus nuevos colores: mentirosa, mezquina, agresiva, revanchista y rusófoba”, escribió en su cuenta de X.

Según ha explicado Javier Doria, director general de BMG España, las grabaciones se remontan a un periodo comprendido entre 1959 y 1960, cuando Pepe y Paco de Lucía tendrían 13 y 11 años respectivamente, si bien estos datos están siendo aún objeto de peritaje. En todo caso, se trata de “un descubrimiento histórico para el patrimonio cultural español y los aficionados del flamenco”, ha dicho Doria. “Vamos a reescribir la historia de la música en nuestro país”, insistió Doria. “Lo que vamos a escuchar es la primera grabación de Pepe y Paco..."

Chirigota Cadiwoman 2024 de Susana Ginesta en el Carnaval de Cádiz 2024.

El inspector, identificado como A. P. C. y miembro de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría Local de Coslada, habría realizado un total de 1.339 consultas a los registros policiales entre el 25 de octubre y el 18 de diciembre de 2019, sin justificación alguna relacionada con sus deberes oficiales.La Fiscalía considera que estos actos constituyen un claro abuso de posición y confianza, comprometiendo la seguridad y privacidad de los datos manejados por la fuerza policial.