Este 18 de febrero se cumplen cinco años de la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba el terreno, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, no urbanizable. Su demolición corresponde al Estado, mientras que el desescombro y restauración ambiental, a la Junta de Andalucía que ha destinado una partida de los presupuestos de 2021 a estas actuaciones. El proceso, sin embargo, no puede avanzar hasta que el gobierno andaluz tome posesión de las fincas sobre las que se construyó el hotel, en ejecución del derecho de retracto.
