«Mi ex construyó un falso caso de violencia de género para no pagarme una deuda». El calvario judicial de Nando empezó en 2019 tras romper con su novia. Él le había prestado 400 euros para montar su despacho de abogados y, tras separarse, se lo reclamó. Le mandó tres correos en un plazo de tres meses, adjuntando el número de cuenta e indicándole que no hacía falta que le respondiera, sólo que pagara. Pero ella no lo hizo. «Entonces le puse una estrella de valoración de su bufete en Google, y otra mi madre y mi pareja. Poco después ...

La Audiencia de Valladolid acogerá durante 23 días un proceso que arranca este lunes y en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la cúpula de la Consejería de Economía de la Junta integrada por los viceconsejeros del PP Rafael Delgado y Begoña Hernández.

Tres años de travesía agónica por los tribunales y una sensación de «desesperación absoluta, de darme contra las paredes, de seguir muerta de miedo. ¿Es que me tienen que matar para que me crean? Aguanté sus vejaciones, su control... Y ahora un juez me quita a mi hijo de cuatro años y me obliga a entregárselo a su padre, que es un mando intermedio de la Policía Local de València, a solas, en su casa. ¿Qué quieren? ¿Que me pegue un tiro? ¿Es eso lo que necesitan».

Un repaso a las mentiras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, imputada en el caso Máster y la Púnica, en su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Cifuentes no puede estar sorprendida porque esta imputación se veía venir desde hace ya dos años: desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la acusó de cohecho y prevaricación. La expresidenta de Madrid está imputada porque en esos años estaba en tres sitios que son claves para entender la financiación en negro del PP. 1.patronato de Fundescam,2.comité regional de campaña y

La familia Kulazo está nuevamente experimentando un calvario judicial. Después de que su hijo fuera golpeado por un joven hace seis años frente al club nocturno, estos días hubo un nuevo shock. Han perdido una disputa judicial contra el estado y deben pagar 180,000 kunas de costos judiciales.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.

La Comisión Permanente acuerda reunirse el lunes después de las elecciones a petición de los vocales conservadores, que en un primer momento querían hacerlo este mismo jueves, para decidir si responden de alguna manera a las palabras del presidente del Gobierno sobre la citación de su esposa

El Gobierno argentino de Javier Milei enfrenta una causa judicial por el acopio de alimentos que eran destinados a comedores comunitarios, donde la demanda crece diariamente por el aumento de la pobreza. Este martes, durante una audiencia, el dirigente social y abogado denunciante Juan Grabois se trenzó en insultos con la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, una de las funcionarias responsables por la retención de mercadería a punto de vencerse en dos depósitos del Estado.

La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. Para ello, ha contratado la asistencia del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo. Además, Fernández también fue presidente de la sala ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa. A ello se suma que...