A raíz de la sentencia, Pedro J. Ramírez ha resucitado la teoría de la conspiración relativa a la autoría de los atentados del 11 de marzo, y aseguró que esta operación surgida a raíz de la masacre de Madrid fue “un montaje judicial” perpetrado por los jueces Garzón y Del Olmo.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.

La Comisión Permanente acuerda reunirse el lunes después de las elecciones a petición de los vocales conservadores, que en un primer momento querían hacerlo este mismo jueves, para decidir si responden de alguna manera a las palabras del presidente del Gobierno sobre la citación de su esposa

El Gobierno argentino de Javier Milei enfrenta una causa judicial por el acopio de alimentos que eran destinados a comedores comunitarios, donde la demanda crece diariamente por el aumento de la pobreza. Este martes, durante una audiencia, el dirigente social y abogado denunciante Juan Grabois se trenzó en insultos con la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, una de las funcionarias responsables por la retención de mercadería a punto de vencerse en dos depósitos del Estado.

La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. Para ello, ha contratado la asistencia del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo. Además, Fernández también fue presidente de la sala ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa. A ello se suma que...