Un estudio sectorial de la empresa de cuidadores a domicilio Aiudo estima que 1.194.508.412,04 euros es el dinero que no entrará a las arcas públicas este 2023 debido a la economía sumergida generada por las más de 250.000 cuidadoras que trabajan en 'B

El debate sobre la armonización fiscal en España para evitar el dumping fiscal de Madrid se basa en datos como los del cambio de domicilio fiscal de los contribuyentes para escapar del pago del impuesto de patrimonio o reducir el importe del de sucesiones y donaciones. Relacionada: www.meneame.net/story/hacienda-confirma-hay-demanda-creciente-investig

En plena tormenta sobre la armonización de los tributos autonómicos, la Agencia Tributaria (AEAT) ha confirmado que hay una “demanda creciente” por parte de las regiones para investigar cambios ficticios de domicilio fiscal. Así lo ha asegurado el director de la AEAT.

Madrid ha diseñado un marco fiscal para intentar domiciliar en la comunidad rentas altas bajando los impuestos, podríamos decir de Comunidad de Madrid "el paraíso fiscal español". Ahora continúan proponiendo una nueva bajada de impuestos, además, en Madrid no se paga por el patrimonio. En el Impuesto de Sucesiones también es Madrid la que menos paga, pues hay comunidades que en ese impuesto pagan 100 veces más. También disfrutan del IRPF más bajo de todo el Estado; deberían de pensar un poco en la solidaridad, pues en Madrid hay 25.761 dependie

Casi 1.000 empresas que figuraban con domicilio fiscal en Cataluña han trasladado su sede fiscal a otras comunidades autónomas desde el 1 de octubre y hasta los primeros días de noviembre, según datos de la Agencia Tributaria. De esta forma, se confirma que muchas compañías han preferido evitar cualquier conflicto potencial con la Agencia Tributaria Catalana, de modo que al sacar su sede de la comunidad ya no podrá reclamarles el pago del impuesto de sociedades, el IVA o el resto de tributos que se abonan a la Agencia Tributaria estatal.

Desde la escalada de la tensión separatista más de 35 grandes compañías han decidido cambiar su domicilio social a otras comunidades autónomas. Los traslados han desbordado a notarios y registradores. Las palabras “sede social” han inundado estos días los titulares de la prensa.

El partido ha sido muy largo, ha durado más de dos años y se ha jugado en los despachos y sin espectadores, pero al final la victoria silenciosa ha sido de la Agencia Tributaria. Las sociedades del tenista Rafael Nadal, que entre 2005 y 2011 movieron 56 millones de euros, solicitaron el pasado 23 de diciembre el cambio de domicilio desde el País Vasco a Manacor (Baleares).

La mayor parte de los beneficios que obtienen los fondos de alto riesgo por sus operaciones bajistas apenas tributan en los mercados en los que operan. El 53 % de los denominados fondos de inversión libre hedge funds tiene su domicilio en paraísos fiscales.

Dos meses después de alcanzado el acuerdo y pocos días después del último incidente en la nuclear de Almaraz (Cáceres), se informa del cambio de domicilio fiscal a Extremadura de la empresa que gestiona la central.

Se conocen como vacaciones fiscales a unas medidas económicas dirigidas a atraer inversión foránea al País Vasco, en España, llevadas a cabo durante el ejercicio 1993-1994 por parte del Gobierno Vasco del lehendakari José Antonio Ardanza, por las que se premiaba a las empresas que se instalaran en esta comunidad autónoma.

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

España cae cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años. Detrás de esta pérdida de posiciones se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado ha emitido este viernes la orden que esperaban los fiscales del procés. En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos".

Ordena a los fiscales que aboguen por levantar las órdenes de detención dictadas por Pablo Llarena.

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

A raíz de la filtración de información confidencial que existía en emails entre fiscalía y el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, hoy ha declarado la fiscal de Madrid y ha declarado que filtró los emails por orden imperativa del fiscal general del estado de Pedro Sánchez, el cual debería pasar como investigado al Tribunal Supremo en breve, y podría arrastrar a Pedro Sánchez

Almudena Lastra dice al juez que investiga a dos de sus subordinados que ella no estaba de acuerdo con el comunicado y que el fiscal general, que se ha hecho responsable de su difusión, le dijo por WhatsApp que debía enviarlo por “imperativo

La fiscal superior de la Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este jueves ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, le dijo que lo tenía que hacer por "imperativo".

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.