La brecha entre las horas acordadas y las realmente trabajadas en el sector público alcanza niveles récord. En el cuarto trimestre de 2021, el último del que se disponen datos, los empleados públicos no trabajaron un 7,1% de las horas que figuraban en su contrato. En concreto, se registraron 33,8 horas efectivas de media a la semana, frente a las 36,4 que debían trabajar: una media de 2,6 horas menos a la semana.

Varias empresas y organismos públicos advierten al Gobierno sobre las consecuencias que la medida tendría sobre su operativa cotidiana y piden reconsiderar la propuesta.

E pasado 27 de julio, ADIF hizo públicos cuatro contratos por valor de 2,68 millones de euros: uno de 1,66 millones adjudicado a Everis para recibir un servicio de consultoría en ciberseguridad, otro de 600.000 euros a SIA (empresa propiedad de Indra) para reforzar la seguridad de los accesos a su sistema informático, otro de 330.000 euros a Seidor para comprar licencias de su plataforma de correo electrónico y otro de 90.000 euros a Fujitsu para comprar licencias de antivirus. La fecha, por desgracia, no podía ser más conveniente....

En situaciones como esta pandemia las administraciones públicas pueden contratar a dedo, sin abrir expediente e incluso solo con hablarlo. Pero, eso sí, tienen que cumplir las reglas de transparencia a posteriori y publicar los detalles en 15 días. En 2020, tardaron una media de 43. Y eso sin contar los que aún no se han publicado.

El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de seis euros por cada bastoncillo con tubo para hacer pruebas PCR. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tampoco se libraron de la escalada de precios: se llegaron a desembolsar, por ejemplo, más de cien euros por una garrafa de cinco litros de gel hidroalcohólico. El rango de precios de las mascarillas FFP2 va de los 25 céntimos a los 8 euros. La primera vez que el Ministerio usó la contratación de emergencia para hacerse con ellas fue el 10 de marzo, poco antes de declarar el estado...

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, empieza a pillarle cariño a estas siglas) es una de las normas clave para entender, vigilar y frenar la corrupción, y a la vez una de las más complejas. Guía básica de la Ley de Contratos del Sector Público para principiantes

Acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y muchas son las PYMES que se frotan las manos. La nueva norma pretende facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de las adjudicaciones, donde hoy en día el 70% de los recursos son concedidos únicamente a 10 compañías.

Desde hoy la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la norma que reforma la contratación pública con nuevas obligaciones de transparencia, la eliminación de los procedimientos negociados por precio y la creación de un organismo de vigilancia, está en vigor. Con la aprobación de esta ley, España cumple la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014. Eso sí, lo hace un año y medio tarde.

La STS 12 de diciembre 2017 (rec. 668/2016), contrariamente a la doctrina consolidada de la jurisdicción social, acaba de establecer que el art. 120 TRLCSP no puede imponer la subrogación de empresa, sino que simplemente establece una obligación informativa. Supone un cambio muy importante antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Aragón ha iniciado el procedimiento para impugnar la nueva Ley de Contratos del Sector Público ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de las competencias autonómicas y por crear un régimen desigual para Navarra y el Pais Vasco

En un comunicado, el sindicato que lidera Unai Sordo ha calificado de "importantes" los cambios introducidos que suponen un avance sobre la legislación existente, generando que la contratación pública tenga en cuenta aspectos como la garantía de empleo o los convenios colectivos y no sólo el bajo coste. Estos criterios económicos, ha añadido CCOO, solían terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales de los trabajadores, a los que se les ha degradado y precarizado sus condiciones de trabajo con la excusa de la austeridad.

Elimina los negociados por precio, obliga a que el proceso sea más transparente y crea un nuevo organismo de vigilancia de la contratación. Entrará en vigor a finales de febrero de 2018.

El Ejecutivo regional anuncia "flexibilidad interna y no renovación de contratos temporales".

La Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el régimen de modificación de mercados públicos después de adjudicación que se prevé en la Ley de Contratos del Sector Público, (LCSP), Según la advertencia que la CE ha enviado al Gobierno, ese régimen de modificación de los contratos tras su adjudicación, tal como está regulado en la LCSP, no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.

Y eso a las pymes y autónomos, ¿en qué les afecta? En mucho. Si dedican unos minutos diarios a bucear, por ejemplo, por Contratación, la plataforma de contratación del Estado, descubrirán multitud de licitaciones públicas a las que optar. Obras de edificios, instalación de aires acondicionados, suministros de lavandería, material de oficina, servicios… y así hasta un sinfín de cosas que necesita comprar y contratar cualquier empresa. ¿No es una gran oportunidad que el mayor contratista de España ponga todos sus necesidades en un solo lugar para

El pasado 31 de octubre de 2007, fue publicada en el BOE la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo 30 de abril de 2008, derogando el actual Real Decreto 2/2000, de 16 de junio (por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

La recientísima Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público sacudió los cimientos de la contratación administrativa española, con una ley extensa, intensa, compleja, de críptica estipulación derogatoria y de rebuscado lenguaje administrativo. Por eso, resulta oportuno facilitar un resumen de sus novedades e impacto para funcionarios,juristas y opositores sin tiempo o sin ganas para su análisis.

Esta es la cláusula que ha levantado la indignación de dos grupos parlamentarios en la comisión mixta Congreso-Senado. Tanto les molestó que uno de esos grupos planteó una pregunta oral y el otro, tres por escrito. Y yo me pregunto… ¿No debería estar en los contratos de todos los periodistas?

La publicidad subliminal es un tema que ha generado mucha controversia a lo largo de los años. Algunas personas creen que es una técnica poderosa y efectiva para cambiar el comportamiento humano, mientras que otros la ven como un engaño poco ético. Pero, ¿cuáles son los mitos y verdades sobre publicidad subliminal? En este artículo lo contaremos.

Por primera vez, El Confidencial accede a más de 6.900 pagos a medios realizados desde Moncloa. Una información inédita hasta el momento que abarca 17 ministerios y 190 millones de euros

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al pago de una multa de 6,5 millones de euros por abuso de posición dominante en los mercados de concesión de autorizaciones de uso de obras musicales y audiovisuales. Según la resolución, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la entidad, además, no podrá contratar con la Administración Pública durante un plazo aún por definir.

En esta ocasión, 200 ciudadanos y ciudadanas han participado en el acto, que ha despertado gran expectación entre bañistas y paseantes de todas las nacionalidades. Decenas de militares han formado en el corazón del paseo Jaume I, bajo las banderas izadas de todas las comunidades autónomas y con la estatua del Rei Jaume I como testigo.