Dentro del conjunto de cambios legislativos producidos en materia religiosa durante la Segunda República cuatro medidas habían mermado severamente los tradicionales privilegios e intereses educativos de la Iglesia Católica: la retirada del crucifijo y símbolos religiosos de la escuela, la desaparición de la clase de religión obligatoria, la disolución de los jesuitas y la prohibición del ejercicio docente a las órdenes religiosas. La Ley que prohibía la docencia a las órdenes no perjudico los intereses económicos de la Iglesia.
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