El estudio de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica advierte que igual provoca un alto número de hospitalizaciones y es una amenaza seria para los no vacunados o personas con comorbilidades.

Pese al alto porcentaje de vacunación en España sigue existiendo gente antivacunas. La Jefa de Sección de Neumología-OSI Araba. Presidenta Sociedad Vasco Navarra Patología Respiratoria, Laura Tomás López, exponía a través de su Twitter las incongruencias de los antivacunas ingresados.

El Gobierno de Rueda confirma oficialmente que "no existe expediente administrativo" derivado del anuncio hecho por su antecesor en la Xunta. Sanidad aseguró que había valorado "distintas alternativas, formatos y lugar" y que el proyecto se había demorado, pero ahora dice que nunca hubo ninguna tramitación formal.

Al inicio de la pandemia, el Ministerio del Interior adjudicó un contrato de test antiCovid, por valor de 600.000 euros, a una de las empresas del doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de la mujer de Koldo García Izaguirre. Este último era la mano derecha del ministro José Luis Ábalos y actualmente está investigado por la Audiencia Nacional en la causa judicial a la que da nombre, el llamado caso Koldo.

Veía el documental del bulo del 11 M y, ahora, a las puertas del 8M, pensaba en la creación de otro de los grandes bulos hace cuatro años: que la propagación del virus del Covid había sido sólo, y exclusivamente, por la manifestación del 8 de marzo. No se engañen. No hubo ningún interés de salud pública en ello. Fue usado sin ningún aval científico por la derecha y ultraderecha ante su falta de propuestas: hacer del 8M un asunto político y debilitar socialmente al movimiento. No era la primera vez que se creaba toda una maquinaria política y...

La Mesa del Congreso ha aprobado una comisión de investigación sobre la compra de material anticovid en todas las administraciones con el voto en contra del Partido Popular. Ahora tendrá que concretarse un calendario y comparecencias, que se podrían producir en paralelo con otra comisión similar promovida por el PP en el Senado y solo para las implicaciones del caso Koldo.

Durante meses la Región de Murcia estuvo pagando el precio más alto por las mascarillas. Salud adjudicó hasta 140 millones de euros en compra de material sanitario a precios disparados a empresas de electrónica, fitness e inmobiliarias. Sobreprecios de hasta el 150% en la compra de mascarillas y el incumplimiento de los plazos de entrega.

Tres años de prisión. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a la exgerente territorial del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Montserrat Rincón, por haberse vacunado contra la covid antes de que le correspondiera en enero de 2021, en plena pandemia. El tribunal la considera culpable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario o cargo público y la absuelve del delito de estafa.

Causas abiertas, sin juicios ni sentencias todavía, y con guión de la obra muy parecido. Un escenario de caos mundial con las administraciones públicas comprando material sanitario a la desesperada en el mercado persa de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los trajes de protección. Cargamentos de millones de tapabocas que se quedaban atrapados en una aduana. Hospitales, centros de salud y residencias saturados. Y nadando en aguas turbulentas, los actores: expertos en comercio internacional y empresas del sector. Gente con contactos.

La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un ‘caso mascarillas’ fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Ray

Las actas policiales tramitadas durante lo más duro de la pandemia en 2020 revelan las condiciones de estos centros de mayores. Un alto porcentaje no tenía suficiente personal sanitario. Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía con estos documentos. Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis que ha hecho Infobae España de todas las actas, hechas públic

José Ramón García González, el empresario detrás de Sibucu 360, la empresa con la que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo hicieron negocio para comprar mascarillas después de conocerse que había repartido este material con sellos falsos, fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 615.372,75 euros por fraude y falsedad documental.

Una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida por el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra al Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000% en 2020. La compañía a la que recurrieron la presidenta de la Comunidad y el ahora líder del PP a pesar de detectarse irregularidades multiplicó por diez sus beneficios en 2020.

Apenas se habían detectado unos pocos casos de COVID-19 al principio de la pandemia, cuando las informaciones falsas sobre el tema empezaron a brotar como setas. Con el tiempo, a pesar de que el virus se fue conociendo mejor, la situación no hizo más que empeorar. Y esto ocurrió, en parte, por la negación de muchas revistas a comprobar la veracidad de la información que les llegaba. Pero no solo era un problema de los medios de comunicación generalistas.

Mientras que la izquierda se fragmenta, entra en disputas bizantinas y expulsa a los impíos, la derecha está forjando una coalición en la que caben muchos tipos de disidencias. Espiritualistas partidarios del yoga o los cuencos tibetanos marchan al lado de neonazis con la esvástica tatuada en la nuca. El nuevo fascismo no tiene prejuicios. Doppelganger es un magnífico libro y, sobre todo, resume el clima del momento, ese instante frágil que habitamos, a medio camino entre la catástrofe y el meme. Riéndonos mientras llega el meteorito.

A raíz del 'caso Koldo', PSOE y PP han emprendido una guerra de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Los socialistas han registrado este martes una comisión en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas durante la pandemia. Los populares asumen que es un movimiento del PSOE para volver a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina. Y por eso lo rechazan.

Los juzgados que archivan las querellas contra Ayuso por las residencias lo hacen sin investigarla, mientras la Audiencia ha dado hasta tres “toques” a los tribunales por no abrir diligencias contra cargos políticos. Algunas demandas siguen su curso.

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones. Esta es la tercera causa penal que se abre en Canarias por compras de material sanitario durante el estado de alarma: la primera examina una estafa de 4 millones en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS y la segunda analiza los contratos del 'Caso Koldo'

Una presión que la presidenta regional ha intentado sacudirse este martes en la cadena Cope minusvalorando el efecto de los protocolos de triaje que impidieron trasladar de las residencias a los hospitales a miles de ancianos cuando más muertes causaba el virus. “Los mayores fallecían tanto o más en los hospitales”, ha dicho.