El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido por carta a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a exacerbar la situación en Gaza, que ha calificado de "genocidio". La iniciativa, sin embargo, no ha contado con el visto bueno del Ministerio de Exteriores, que ha calificado a Israel de "Estado amigo de España" y ha admitido no tener conocimiento de esas cartas remitidas a las empresas.

Advertencia por carta a empresas españolas en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo al genocidio en Palestina. Es lo que está haciendo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Amador. Así, Bustinduy ha empezado este miércoles el envío de cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030.

Me piden que evalúe la experiencia, lo que impulsa nuestra hiperactiva economía de servicios. El actual tsunami de encuestas nos ha convertido a todos en analistas de optimización para empresas multimillonarias. Ya es bastante molesto que yo proporcione mano de obra gratuita para ayudar a una empresa a mejorar la cotización de sus acciones o a "evaluar" a un empleado mal pagado, con exceso de trabajo y no sindicado. Pero empiezo a sospechar que tampoco es ético.

En 2023, los primeros espadas de las compañías del selectivo cobraron 67,9 veces más que la media de su plantilla; desde 2019, su remuneración media ha subido un 7,2% y la de sus trabajadores, un 3%.

Mientras las grandes empresas y sus accionistas mayoritarios incrementan de manera significativa sus beneficios, llevándose más del 90%, los trabajadores están sufriendo las consecuencias de una estrategia basada en la reducción salvaje de costes para obtener mayores beneficios.

En 2024, quien visite Birmingham se encontrará con un espacio público muy diferente. El ayuntamiento se plantea ahora vender sus galerías de arte. Tiene previsto cerrar 25 bibliotecas. Las piscinas gratuitas han desaparecido. La recogida de basuras pasará a ser quincenal. El agua, como el gas, primero se nacionalizó y luego se privatizó. Y, en un intento desesperado por reducir costos, la ciudad ha atenuado el alumbrado público. Incapaz de equilibrar su presupuesto anual, emitió un aviso de "sección 114": la versión local de la bancarrota.

Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.

En 2020, impulsado por la necesidad de una pandemia, se puso en marcha uno de los mayores experimentos en el ámbito laboral: el teletrabajo. Una modalidad minoritaria hasta aquel momento pero que, según los últimos datos del INE de 2023, actualmente utiliza el 13,8% de las personas ocupadas en España.

La campaña va dirigida a empresarios que echan a sus empleados justo al cumplirse seis meses de contrato, el final del periodo de prueba. Se ha multiplicado hasta por nueve el número de despidos justificados en no superar la fase de prueba

Sismédica S.L., la empresa propiedad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que mantiene su sede en un local que les fue embargado por impago a Bankinter -tal y como ha desvelado en exclusiva ElPlural.com-, acumula hasta 7 incidencias con las Administraciones Públicas. Incidencias judiciales e impagos que afectan por una parte a la Agencia Estatal Tributaria de Madrid así como al propio Ayuntamiento de Madrid.

Sismédica S.L., la empresa propiedad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, mantiene a día de hoy su sede social en un local que les fue embargado por impago a Bankinter. Bankinter reclamó una deuda de 223.963,08 euros a la empresa dirigida por los hermanos Ayuso.

Roberto Mañez denuncia al INSS por negarle la incapacidad en su puesto de trabajo y obligarle a manejar maquinaria pesada a pesar de que la empresa lo ha declarado "no apto" como estibador