El gasto medio en servicios educativos por alumno es de 435 euros en la pública y de 1.367 en la concertada; en Secundaria, la relación es 336-1.078

Según los datos publicados por la Junta de Andalucía, en las etapas de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria se han producido hasta 568 supresiones netas de aulas públicas en el presente curso 2020/21, el curso de la pandemia de la covid, manteniendo en este contexto "aulas masificadas ilegalmente". Por contra, ha denunciado el sindicato de enseñanza Ustea, se mantiene el número de aulas de la escuela privada subvencionada con fondos públicos.

Mi hijo me ha preguntado qué es la religión. Todos los jueves, la mitad de sus compañeros se separa para dar religión. No supe explicarle. Por qué hablarle de un concepto tan complejo y abstracto a un niño pequeño. Lo intenté y no lo conseguí.

El problema de las críticas de la derecha a la nueva ley de Educación es que son falsas. Dicen cosas de la ley que la ley no dice. Ni desaparece la Educación Especial ni queda desprotegido el español ni se coartan las libertades de nadie. Protestan porque la Ley potencia la escuela pública frente a la concertada y elimina las cuotas obligatorias de ésta. Lo que llaman libertad es que todos paguemos sus privilegios y que sus hijos no se mezclen con los hijos de la plebe. Son liberales a costa del Estado y clasistas a costa de las demás clases.

Libertad, gritaban, mientras aporreaban los escaños, pero a lo que resonaba era a liberales llorando porque papá Estado siguiera pagándoles la educación en colegios religiosos a sus niños pijos. [...] se debía única y exclusivamente a la eliminación de privilegios que han hecho de la educación privada-concertada la mayor brecha de desigualdad que el dinero público ha financiado en democracia. Lloran porque tendrán que pagar más para sus coles de calcetines largos de lana, jerseys de pico con escudo en el pecho y faldas plisadas.

Aravaca no tiene un instituto de enseñanza secundaria público y sí varios centros privados. Desde hace 20 años los vecinos reclaman este equipamiento básico para el barrio. El IES Ana Frank es la respuesta a sus peticiones, pero no termina de arrancar. Problemas, al parecer, con las licitaciones del proyecto de obra, con la titularidad de los terrenos y con la falta de presupuesto tienen en vilo a los padres y madres de un buen número de adolescentes de Aravaca.

Se puede, y se debe, criticar, argumentando, todo aquello que pueda ser mejorable en una Ley, pero es inaceptable que se utilice a niños y niñas con necesidades como síndrome de Down para contribuir a que se difundan noticias falsas que acaban repitiéndose como mantras. En ningún momento la famosa Ley Celaá supondría un cierre de los colegios de educación especial.

Una consultora demuestra con visitas a 336 centros que en el 89% se abonan “aportaciones voluntarias” aunque la enseñanza es gratuita. En seis de las ocho regiones analizadas se paga menos de 60 euros, aunque se suman otros conceptos.

Analizamos con datos la evolución del gasto público en la educación concertada tras las recientes declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, sobre el derecho de los padres y la libre elección de centro educativo

Las asociaciones público-privadas se han presentado como métodos de adquisición eficientes con el objetivo de lograr una mejor relación calidad-precio de los servicios para los contribuyentes. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones como la de Alessandra Cepparulo, la complejidad de este mecanismo, su falta de transparencia y las responsabilidades implícitas de las empresas hacen que a menudo sea imposible percibir la cantidad de gasto público involucrado y el impacto positivo a largo plazo sobre los contribuyentes.

Planteemos la tesis sin rodeos: el Bilingüismo segregador y elitista de la Educación Pública madrileña jamás podría haber triunfado sin la dolorosa complicidad de la gran mayoría de esos padres y profesores de izquierdas, progresistas que, siendo extremadamente críticos en privado con el programa bilingüe diseñado (¿para ellos?) por Esperanza Aguirre y Lucía Figar, han contribuido decisivamente a su éxito con su insólito colaboracionismo.

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha reclamado este martes a la Junta que «movilice recursos para la educación pública» y ha señalado la necesidad de actuar en aspectos como la bajada de la ratio de estudiantes por aula o la contratación de docentes.

El gigante tecnológico se proyecta en servicios sociales básicos que en muchos países son propios del Estado.

Una década después, gastamos todavía 1.000 millones menos en educación de los que gastábamos antes de la crisis anterior: en 2008, el gasto en educación era de 51.700 millones y gastamos 50.800, un 1,76% menos. En términos de porcentaje de nuestra economía, llegamos a invertir un 5% del PIB en educación en 2009, hoy todavía rondamos el 4,25%.

La Comunidad de Madrid anunció esta semana la amplia contratación de nuevos docentes con la promesa de poder bajar las ratios de las aulas a cerca de 20 alumnos, por clase para garantizar las medidas de seguridad en la apertura de los colegios este septiembre. Con estas nuevas contrataciones, la Consejería de Educación ha buscado calmar los ánimos del sector educativo, pero tras la publicación de las plazas definitivas para este año, se han sacado 884 plazas menos que en 2019, rebajando el número a 4.718 plazas.

La educación privada-concertada nace en nuestro país en los años 80 como una solución provisional a la imposibilidad de atender la demanda de escolarización por parte de la institución pública

Para Unai Sordo “es evidente que no se han hecho los deberes” en materia educativa para afrontar en condiciones de seguridad la apertura del curso escolar con la COVID-19: “Se han perdido demasiado tiempo, en algunas comunidades autónomas apenas se ha avanzado”. El secretario general de CCOO ha vuelto a apostar por una “presencialidad segura” para “garantizar la equidad educativa”. A su juicio, “no se puede volver al colegio a coste cero en plena pandemia”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha asegurado que uno de cada tres niños de Primaria no recibió clases online durante el confinamiento. Entre los niños que recibieron clases online, el estudio señala que el tiempo total dedicado a seguir las clases por videollamada y ver vídeos enviados por los profesores sumó alrededor una hora y tres cuartos al día.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que "negar" una sanidad y una educación pública y gratuita es "negar los derechos humanos" y ha subrayado que los recortes son la expresión de "las políticas de clase"."Los recortes son la expresión de las políticas de clase y de los intereses económicos dominantes sobre la vida de las personas. Esto no es tema de política de derechas contra política de izquierda. Negar una sanidad y una educación pública y gratuita es negar los derechos humanos"

La escena de un diputado simulando el gesto de una pistola mientras habla Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a repetir en el Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves. Si hace tiempo Mónica García, ahora ministra de Sanidad, fue captada mientras imitaba el gesto de apuntar mientras hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora ha sido otro diputado de Más Madrid el que ha actuado de la misma manera.

Un niño de 14 años se ha precipitado al vacío desde la clase de una escuela de Reus

La experiencia de un profesor de Lengua Castellana y Literatura que recurre a obras como el poema de Gilgamesh y las obras de Tolkien para "dilucidar las entrañas" de sus alumnos, hacerles comprender que sus vidas no son distintas, que tienen una identidad, y muchas de las cosas que hagan o dejen de hacer les afectarán de una u otra manera.

La vicepresidenta de Plena inclusión y miembro de la Plataforma Española de Representantes de Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Maribel Cáceres, compareció este martes junto a la presidenta de la entidad, Carmen Laucirica, en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde solicitó elevar del 2 al 3% que la subcuota para el acceso al empleo público por parte de personas con discapacidad intelectual.

Medidas dirigidas a impulsar la recuperación del sector inmobiliario (63,680 millones de euros) facilitando la "digestión" del inventario de viviendas construidas sin vender y financiar la adquisición de inmuebles por entidades públicas para proporcionar casas a precios asequibles. El subgobernador del Banco Popular de China explicó que mediante este mecanismo de préstamo se pretende alentar la compra por empresas públicas de viviendas "a precios razonables" para destinarlas a la adjudicación o arrendamiento como viviendas asequibles.

Funcionario (del Estado) de prisiones rescatado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, atendido en un hospital público del Estado, que cobra una indemnización del Estado por ser víctima de terrorismo y con una pensión que le paga el Estado. Este es el nivel.

Así contestaba Paul McCartney a las preguntas de Julia Otero sobre por qué llevaba a sus hijos a un colegio público en lugar de a uno privado.

En la “II Jornada Internacional Confluencia Educación-Empresa” la crítica situación de los sueldos juveniles, considerándolos extremadamente bajos y destacando la urgencia de una mayor implicación del sector privado para mejorar estas condiciones. Apuntó a una remuneración injusta para los jóvenes y a la necesidad de un cambio inmediato en este aspecto.

El informe que cada año hace la Federación de asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública no deja en mal lugar a La Rioja. Según el estudio realizado este año, la región sería la cuarta comunidad que se encuentra en mejores condiciones teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se evalúan. La Rioja se encuentra sólo por detrás de Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Por lo que sea, los medios untados por Ayuso están sacando poco o nada estás imágenes.

Colectivos en defensa de la sanidad pública retoman sus protestas contra la “pérdida de calidad asistencial” y el “desmantelamiento y privatización”.