A golpes legislativos, los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han dirigido el desmantelamiento de la sanidad pública, asfixiada por los recortes y las externalizaciones. Desde que en 1986 se aprobara la Ley General de Sanidad y se transfirieran las competencias de salud a las comunidades autónomas, los distintos gobiernos del Partido Popular (PP) han implantado progresivamente un modelo basado en la gestión privada.

Un paciente que sufrió un acortamiento del pene de seis centímetros tras la operación que se le practicó para corregir la curvatura del mismo y que, además, no puede realizar el coito por el tamaño en que ha quedado ha reclamado una indemnización de 67.600 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) por mala práctica médica. En su demanda, el paciente asegura que ha sido víctima de la atención recibida en el hospital de Cartagena donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica, ya que previamente nadie le advirtió de los riesgos que asumía.

Una carta del equipo de tutores de los médicos residentes (MIR) en el área de Cirugía y Traumatología del Hospital Regional de Málaga alerta a la dirección de que "no pueden ofrecer una formación quirúrgica de calidad" con una reducción "del 80% de las operaciones en 2020 y del 40% en 2021"

Dos de los tres pabellones de este hospital, que se convirtió en la insignia de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, se han convertido en una sala de almacenamiento y en un desolador espacio sin vida sanitaria ni de ningún otro tipo. Con una inversión de 170 millones de euros, el triple de lo que se había presupuestado inicialmente, tan sólo una de las tres naves que integran el edificio alberga pacientes. Son 91 en total, para un hospital que se creó con el objetivo de albergar a un total de 1.000 enfermos.

Durante todo el año pasado, un total de 905.625 personas fueron derivadas a la sanidad privada para ingresos hospitalarios de pacientes, pacientes derivados para intervención quirúrgica, y pacientes derivados para estudios diagnósticos y pruebas funcionales. Ya en 2021 se batió el récord en cuanto a derivaciones a la privada, tanto en gasto económico como en número de pacientes, con más de 200 millones de euros y 858.529 pacientes.