"Pensé que sería una pelea y que el chaval se recuperaría", aseveran los testigos que llamaron en primer lugar a la ambulancia para atender al joven tras la paliza.

#humor. Los dos testigos que presenciaron la presunta agresión de Íñigo Errejón a Alberto, un vecino de Lavapiés de 67 años, corroboran la versión de los hechos aportada por la víctima y aseguran al diario El Mundo que el líder de Más País les pidió que no llamasen a la Policía antes de huir. Como consecuencia del golpe recibido en la barriga, el denunciante sufrió una hernia inguinal que le ha obligado a interrumpir el tratamiento de quimioterapia que recibía para tratar el cáncer de colón que padece desde hace un año.

Un hombre de 67 años, A. D. C., interpuso el pasado 2 de mayo una denuncia contra el diputado de Más País en el Congreso Íñigo Errejón por una presunta agresión en la calle Buenavista del céntrico barrio de Lavapiés en Madrid. La víctima aseguró que el político le dio una patada en la barriga al negarse a hacerse un selfi con él, según adelantó Okdiario. El hombre agregó que como consecuencia de la patada ha sufrido una hernia inguinal, ya que padece un cáncer de colón. Ha presentado un parte de lesiones y al menos dos testigos

La Operación Norte fue organizada por el Ministerio de Seguridad del Estado soviético (MGB, por sus siglas en ruso). A principios de 1951, este ministerio le entregó un informe a Stalin —líder de la Unión Soviética— que decía en parte: “Para acabar con los jehovistas, que están trabajando de manera clandestina contra el gobierno soviético, el MGB de la Unión Soviética cree que es necesario arrestar a los líderes de esta secta y deportar a las regiones de Irkutsk y Tomsk a todos los jehovistas de Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Letonia, Lituania

El 1 de abril de 2021, se celebró en Moscú una conferencia de prensa por el 70 aniversario de la Operación Norte. En 1951, se deportó en tren a Siberia a cerca de 10.000 testigos de Jehová de seis repúblicas que en aquel entonces formaban parte de la Unión Soviética. En la conferencia participaron seis expertos —algunos de ellos especialistas en derechos humanos— que también respondieron las preguntas de los periodistas.

El director de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha justificado este jueves la reunión de tres horas que se mantuvo en la sede de este organismo con una testigo del caso en el que está investigado el hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, alegando que querían ver cómo podían ayudarle. "Desde luego, no se ha intentado para nada interferir ni hacer una investigación paralela, eso está prohibido y sería una falta inaceptable", ha destacado

El empresario Santiago Lago Bornstein ha admitido este lunes en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la 'caja b' que gestionó la donación de 10 millones de pesetas por parte de una empresa a la formación política, tal y como aparece contabilizado en los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Durante su declaración ha precisado que el extesorero del partido Álvaro Lapuerta insistió en que la aportación no tendría carácter finalista.

quitaban y se quedaban cuatro analfabetos mandando en el mundo". Flora, 96 años, mataron a su maestro en 1936. Programa completo en La Sexta Columna.

Aunque la Constitución rusa garantiza la libertad religiosa, la iglesia de los testigos de Jehová es ilegal y en 2017 fue obligada a entregar sus bienes y locales al Estado ruso. La Ley contra el Extremismo de 2002, que es la misma que se usó para detener al opositor Navalny, es el argumento legal que está sirviendo para perseguir a los aproximadamente 150.000 seguidores de este culto que hay en todo el país. Una ley que ha sido criticada por ser una “ley para todo” por permitir prácticamente cualquier represalia contra grupos o personas...

El expresidente del Gobierno le responde que cumple con las medidas sanitarias hasta en el despacho de su casa.

El ex secretario general del PP Ángel Acebes (2004-2008) declara este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio al extesorero Luis Bárcenas por la caja b del PP, una jornada en la que se espera también el testimonio de donantes del partido que aparecen reflejados en sus famosos "papeles". Acebes, exministro del Interior cuando se perpetraron los atentados del 11M, estuvo investigado en esta causa en relación a la compra de acciones de Libertad Digital hasta que el juez instructor Pablo Ruz le levantó la imputación.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja ‘b’ ha convocado a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy el próximo 24 de marzo para que declaren como testigos en esta vista oral, a petición de algunas acusaciones populares

Federico Gómez tenía 28 años y pertenecía a la Asociación Religiosa Testigo de Jehová de Puerto Rico, la cual no aceptaba su orientación sexual. Habría sufrido presiones y acosos para que asistiera a una «audiencia judicial» en la iglesia para tratar su «conducta descarada». La organización 100% Diversidad y Derechos solicitó al juez de Instrucción de Puerto Rico que investigase el caso como un posible caso de tortura. Los familiares de Federico sospechan que habría sido incitado al suicidio.

«Es curioso que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la que roba, y no hay testigos. Nadie se pregunta en ese caso si hay habido un robo o no. Y se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo», ha declarado la ministra de Igualdad.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para aportar, en el marco del caso ‘Púnica’, todos los datos que conozca sobre la presunta caja ‘b’ de la formación política, en especial la de los ‘populares’ madrileños, cuya contabilidad se está investigando en una de las piezas separadas de la macrocausa.

En términos sustanciales, la acusación contra Trump, incitación a la rebelión, está más que probada. Lo estaba el mismo seis de enero, porque el entonces presidente cometió el crimen en directo, por televisión. Llevaba haciéndolo, en Twitter, prensa, radio, televisión, teléfono y palabra sin cesar, de manera incansable, desde la noche en que perdió las elecciones. Trump llevaba meses subvirtiendo el orden democrático. Había llamado a sus seguidores a Washington el seis de enero, repitiendo que era el día en que iban a luchar. Un día histórico.

Uno de ellos es quien supone que redactó el contrato y otro el representante legal de la empresa con la que se suscribió. El pasado enero, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó sendos recursos de Podemos en los que solicitaba, por un lado, que se decretase la nulidad de la causa en la que se investiga y, por otro, que se le retirase la condición de investigado. No obstante, emplazaba al juez a determinar «con celeridad» qué delitos cabe atribuir al partido político como persona jurídica para evitar que se prolongue de forma innecesaria.

El ex número dos del Ministerio del Interior con el PP Francisco Martínez, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas con fondos reservados, conocía aspectos de la investigación cuando ésta se encontraba bajo secreto. El 21 de febrero de 2019 mantuvo una conversación por la aplicación de mensajería Whatsapp con el entonces inspector jefe de Policía Pedro Agudo. Hablan de la comparecencia de un testigo que había trascendido a los medios, la del antiguo comisario general de Información Enrique Barón, y el antiguo secretario de Estado

Joaquin Torres "el arquitecto de los famosos", fue uno de los testigos citados ayer en el caso Erial y confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar a todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.