A diferencia de la iniciativa legislativa popular que cualquier ciudadano avalado por el suficiente número de firmas puede presentar, el recurso de inconstitucionalidad es coto cerrado para determinados sujetos jurídicos. Por eso no me gusta el confusionismo al que la PAH está jugando con su recurso. No voy a hablar de aspectos éticos o morales, porque de entrada estoy a favor de las iniciativas que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca está desarrollando para intentar paliar los estragos de la estafa inmobiliaria que conocemos como crisis

En el precepto 395 LOPJ, se destaca “no podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”. Por ende, los magistrados del TC también quedarían supeditados al artículo 395 LOPJ que prohíbe expresamente pertenecer a partidos o sindicatos. "La afiliación de Pérez de los Cobos entra en contradicción con el más elemental principio de imparcialidad".

Diecinueve organizaciones en Estados Unidos demandaron este martes a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) por considerar que los programas de recolección de datos de esta entidad secreta de espionaje estadunidense violaron sus derechos constitucionales.

En el Caso Gross v. Switzerland y por sentencia de 14 de mayo de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Suiza por infringir el derecho al “respeto a la vida privada y familiar” (art. 8 CEDH), esto es, el derecho a que los poderes públicos nos dejen en paz. Y, en paz, significa también que, si queremos quitarnos la vida y no hay razones para pensar que nos hemos vuelto locos o estamos bajo el efecto de drogas que inducen depresión, el Estado no puede interferir en nuestra decisión ni impedírnoslo. Esta comprensión del...

Rehúsan hacer caer del orden del día la creación de la comisión sobre el derecho de decidir. Se crea en aplicación de la Declaración de soberanía.

La presión a la que estaba sometido el Gobierno del primer ministro Viktor Orban era grande: manifestaciones y protestas de la oposición en Hungría, críticas desde el extranjero y, finalmente, incluso una llamada personal del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Pero nada de eso funcionó.

El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación del decreto que regula el acceso a la asistencia sanitaria pública de los inmigrantes en situación irregular en Navarra. En concreto, el decreto que recoge las condiciones para su atención.

En estos tiempos en los que es muy común la petición de firmas para defender causas e iniciativas de todo tipo y , de ese modo, influir en los poderes legislativo y ejecutivo, nos vamos a acercar a lo que nos cuentan las Constituciones españolas acerca de esta cuestión. Por eso, nos vamos a referir a la historia de los derechos de petición y de iniciativa popular.

El conseller de Salud de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, ha anunciado este lunes que el Govern llevará finalmente al Tribunal Constitucional (TC) el real decreto ley sanitario aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del año pasado. Lo hará pese a que CiU votó en contra de esta posibilidad en julio en el Parlament. El conseller ha precisado que la decisión la han tomado al considerar que el decreto "vulnera competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución", al excluir a inmigrantes sin papeles del sistema.

El PSC acudirá al Comité Federal del PSOE, convocado para este sábado, con un discurso centrado en la reforma constitucional en sentido federal, en la que pide que se incluya el llamado "derecho a decidir", es decir, los mecanismos para que pueda celebrarse una consulta legal en Cataluña.

Las buenas noticias andan escasas, sobre todo en el campo de la salud. Por eso vale la pena destacar que el Tribunal Constitucional ha dado un severo revés a la política xenófoba del Gobierno de Mariano Rajoy que atenta, además, contra la salud pública, como ya habían denunciado organizaciones como Dempeus per la Salut Pública, el CAPS y la IPP, entre muchas otras en Catalunya. Precisamente ayer, día de la migración, Médicos del Mundo reclamaba que el Estado asumiera su responsabilidad para asegurar el derecho universal a la salud.

Cerca de una década ha tardado en cerrarse la cuestión de constitucionalidad sobre la Ley 4/1995 de Derecho Civil de Galicia. En concreto el problema estaba en una palabra contenida en uno de sus párrafos, que ahora el Alto Tribunal ha suprimido para que la norma no vulnere los artículos 14 y 39 de la Constitución española. La controversia, zanjada ayer con la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, comenzó cuando M. H. G, una mujer que actuaba en nombre de su hijo declarado incapaz, interpuso una demanda contra la esposa.

Tras un primer artículo sobre el aborto, de Javier Serra, que generó un intenso debate en los comentarios, publicamos otro con una visión diferente sobre el mismo tema, de Manuel González-Meneses

Un grupo de 115 Diputados denuncia la inconstitucionalidad de 8 preceptos de la Reforma Laboral

Rumanía se enfrenta a turbulencias por la lucha de poder entre los diversos bandos políticos. Se teme por el Estado de Derecho en el país. La gente tiene la sensación de que la legalidad no existe y que el Estado de derecho puede ser desmontado en poco tiempo por grupos políticos corruptos y su clientela. "Nadie se atiene a las reglas, a la mayor parte de la élite política no le interesan los valores de la UE y querría ver a Rumania lo antes posible fuera".

Ya es hora de que se pueda utilizar la lengua oficial de todos los españoles y ciudadanos en todas las escuelas, ahora falta valencia porque cataluña no despierta en despilfarrar y quitar el derecho de los niños a aprender y a ser enseñados en la lengua que tengan en sus casas. El PP Balear rebaja los requisitos para los funcionarios. Los partidos catalanistas e independentistas montan en cólera.

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Somos cada vez más los juristas que, con una mezcla de incredulidad, morbo, cierta resignación y espíritu sadomasoquista nos conectamos los sábados por la mañana al Boletín Oficial del Estado, donde con precisión de reloj suizo aparecen, semana tras semana, Decretos-ley de todo pelaje y condición. A los juristas nos preocupa, cuando no indigna, por muchas razones. Porque el Decreto-ley supone que el Gobierno es quien redacte una ley, en lugar del Parlamento, que es quien tiene atribuida esa función en un Estado de Derecho normal.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo ha dado por cerrado el caso de la demanda interpuesta el 14 de enero de 2011 contra el Estado por dos dirigentes nacionalistas, no existe posibilidad de recurso. Los demandantes, del grupo El Matí (afín a Unió Democràtica de Catalunya), aseguran que "hay que enfrentarse con el Reino de España hasta el final, sin tregua y sin vacilar".

Polémica, a mi juicio, Sentencia del Tribunal Constitucional que avala el registro de un ordenador personal por parte de la Policía sin mediar autorización judicial y también valida la denuncia efectuada por el técnico informático que encontró los archivos al efectuar una reparación. Esta sentencia, que viene a romper lo que se consideraba un criterio evidente de protección del derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 18 de la CE, tiene también un voto particular que resulta especialmente interesante.

Cuando en un Estado de Derecho el propio Tribunal Constitucional actúa discrecionalmente, orillando las leyes de la función pública, y se convierte en algo parecido a una oficina de colocación para correligionarios y afines, poco puede esperarse del citado Tribunal, e incluso del Estado que lo mantiene, ya que cuando no se respetan los principios constitucionales de acceso a la función pública (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), poco puede extrañar todo lo que después viene sucediendo…

El proyecto es de autoría del presidente de la Cámara, el representante Simón Gaviria, y del senador liberal Honorio Galvis, quienes consideran que el acceso a Internet debe ser un principio fundamental en una democracia. La exposición de motivos de la iniciativa, que reformaría el Artículo 20 de la Carta, indica que "Internet es un derecho fundamental, porque es inherente al ser humano en razón a su dignidad, su libertad de expresión y el desarrollo de su personalidad". Se quiere que esta idea quede plasmada expresamente en la Constitución.

Los miembros del 15M en Santander denunciaron ayer haber sido objeto de amenazas y agresiones por parte de la Guardia Civil cuando pretendían participar en los actos con los que se celebraba el Día de Las Instituciones en Puente San Miguel, el pasado día 28. El colectivo de activistas santanderino, que asegura no tener nada que ocultar, afirma que cuando pretendían acercarse a la fiesta dos de ellos recibieron un golpe con una porra en la boca del estómago, el retorcimiento de un brazo y un golpe en el cuello.

El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales. En un auto publicado hoy, el Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó...

La institución académica asturiana no suscribirá convenios con instituciones y empresas de ese país hasta que se garantice la paz y el «respeto a los derechos humanos»

Opinión de un ciudadano argentino sobre Javier Milei y los "libertarios".

Cómo será de plural la tertulia de Iker Jiménez en Horizonte que los más progresistas son los periodistas de el ABC y de The Objective que tienen que desmentir los bulos xenófobos lanzados en la mesa.

"De momento no cuela que la derecha española pacte a la vez con la ultraderecha y la derecha catalana, pero algún día colará. Cuando la izquierda no crea lugares de vida mejor, la derecha crea cavernas y la gente entra" Enlace alternativo para usuarios sin cuenta en Twitter: threadreaderapp.com/thread/1800790568659824694.html

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma su agenda internacional tras las elecciones europeas. Lo hará, en primer lugar, este jueves en Madrid donde se celebra una Reunión de Alto Nivel (RAN) con Turquía. El fin de semana, además, acudirá a la Conferencia de Paz sobre Ucrania organizada en Suiza y con la presencia de 90 países. Tanto la guerra impulsada por Rusia como la ofensiva de Israel en Palestina siguen marcando el contexto geopolítico.

Pasadas las elecciones, Pedro Sánchez amenaza con un plan de “regeneración” democrática que, en realidad, supone una involución en el estado de derecho y el régimen de libertades.

Xega incluirá al grupo municipal popular, que no apoyó el texto por una referencia a la 'Ley Trans', en el ladrillo rosa que entregará a Alfredo Canteli

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.

Las elecciones dejan pocas sorpresas: la extrema derecha obtiene sus mejores resultados históricos, logra un 25% de los escaños y condiciona fuertemente el europeísmo del eje París-Berlín.