El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en horas bajas por su gestión del caso de La Manada, no acudió al acto solemne de reparación, en el que estaba anunciada su presencia, que el Ayuntamiento de Sevilla preparó para reconocer la memoria de 433 de sus trabajadores y 46 de sus trabajadoras, que fueron represaliados de diferentes maneras (despedidos, saqueadas sus casas, fusilados en algunos casos) tras el golpe militar que en 1936, y después de tres años de Guerra Civil y represión, desolación y muerte, acabó con el orden constitucional
