Una encuesta del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo revela que el 22,2 % de todos los complejos de vivienda pública de Japón, conocidos como danchi en japonés, han estado habitados por más de 40 años. El número podría ser mayor dado que la edad de casi la mitad de estos edificios no se conoce con certeza. Es más, los inquilinos de 65 años o más representan el 30 % de todas las personas que habitan estos antiguos complejos de viviendas.

Cultura ha pagado la mencionada cantidad para desalojar a la noble del apartamento que tenía dentro del Palacio de Infantado, que es público.

Prácticamente todo se hizo de forma irregular: la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado, el fondo Blackstone tuvo información privilegiada, el Ayuntamiento no abrió un procedimiento con publicidad para que hubiera más ofertas, no hubo una tasación fiable de los inmuebles que vendió. Todo se hizo a mayor beneficio del fondo buitre,no fue la oferta más alta dado que, de las cuatro ofertas recibidas, Harbor Group llegó a los 130 millones de euros. La venta de ese patrimonio vulneró prácticamente todo lo que..

El Ayuntamiento ha presentado un decálogo para asegurar que la vivienda sea un derecho. Este lunes, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a destinar un 30% de la vivienda pública para los más jóvenes, según señalaron la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la delegada de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo y primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo durante la presentación de las 10 líneas de actuación pública orientadas a hacer cumplir el derecho a la vivienda en Madrid.

El popular Ramón Cubián, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcobendas, no oculta su enfadado: "Ciudadanos ha paralizado la mayor bolsa de vivienda pública de Madrid. El por qué es una incógnita. Lo que es cierto es que estamos hablando que solo en un tercio de Los Carriles habría 2.610 viviendas de protección. El total de este suelo de Alcobendas es de 2,1 millones de metros cuadrados. En los tres millones de la Operación Chamartín hay solo 2.563 viviendas protegidas.

Tras el huracán Katrina, Nueva Orleans tenía un problema, el 4% era un sin techo. Ahora el 90% tiene un hogar y ha empezado una nueva vida, con el plan "Housing First", donde el gobierno local ofrece un hogar primero y después el cumplir unos requisitos para mantenerla ("método escalera"), ayudando a integrar a miles de personas y ahorrando dinero público y problemas sociales.

Viena es una de las primeras ciudades del mundo en calidad de vida y una de las capitales europeas más caras, aun así sus alquileres son asequibles debido a una fuerte inversión pública y la regulación parcial del mercado inmobiliario.

El Ayuntamiento de Madrid ha relanzado la ejecución presupuestaria dedicada a la Promoción y gestión de viviendas en las últimas semanas y ya alcanza el 91% del gasto presupuestado para el año 2018. A comienzos de octubre el porcentaje de ejecución apenas era del 50%.

La vivienda pública no pasa por su mejor momento en Madrid. Y no parece que vaya a mejorar con los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019. El acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos refleja que se va a destinar menor presupuesto para construir vivienda pública que antes del inicio de la legislatura, cuando aún estaba Ignacio González en el poder. PP y Ciudadanos acuerdan destinar en 2019 un total de 13 millones para la construcción de viviendas públicas. Medio millón más que en 2018, pero lejos de los 17,6 millones de 2015.

Nuevo revés a la operación de venta de 32 promociones de viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La justicia anula por segunda vez, en casos diferentes, este traspaso promovido por el Gobierno del PP de Ignacio González al considerar que la venta no estuvo debidamente justificada.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado durante el pleno de este miércoles que impulsará una ley con el objetivo de prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre.

La Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) tiene actualmente un patrimonio de 23.354 viviendas sociales públicas. El 8'5% de todas ellas, unas 2.000, "están ocupadas ilegalmente" a fecha 10 de julio, según reconoce la Comunidad de Madrid. Con ese dato sobre la mesa, actualmente el 51% de todos los pisos ocupados de forma irregular en la Comunidad de Madrid pertenecen a la Agencia de Vivienda Social. Además, la Comunidad de Madrid tiene un stock de 533 viviendas sociales vacías, pese a tener 3.412 familias vulnerables en lista de espera.

Se anunció el proyecto de la creación de la planta de energía virtual con un enfoque en la vivienda pública, para reducir así, los costes de la electricidad en las viviendas. Pese a su temprana implantación, la cadena de noticias local ha indicado que ya estaría teniendo un impacto en el país, poniendo el ejemplo de una persona que hasta ahora pagaba en su vivienda más de 500 dólares cada trimestre en electricidad, y que ahora, ha visto su factura reducida a 175 dólares desde que se le implantó el sistema.

El último año ha estado marcado por un goteo de sentencias que ponen de relieve las prácticas de los nuevos propietarios en las viviendas del IVIMA y la EMVS, vendidas a precio de saldo por los gobiernos del PP. "Los jueces empiezan a frenar la cantidad de abusos en materia de alquileres, que son los mismos cometidos en materia hipotecaria", analiza una abogada. Los tribunales han parado desahucios y reconocido el derecho de los inquilinos a reclamar la venta porque tiene "consecuencias directas" sobre ellos..

"Ese proceso ha sido un proceso transparente, pulcro, inmaculado". El 20 de noviembre de 2015, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, volvía a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones por la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión perpetrada en 2013 durante su mandato. Dos años y medio después, el juez que investiga la operación por la vía penal ha pedido al parlamento madrileño que envíe las actas de esas comparecencias por si tuviesen información de interés para la causa..

Un total de 172 familias de la cooperativa Vitra, impulsada por CCOO, urgen a la empresa pública de gestión del suelo SEPES, dependiente del Ministerio de Fomento, a desbloquear su promoción de viviendas protegidas de precio básico (VPPB) en el distrito de Villaverde antes del 30 de junio. El presidente de la cooperativa señala que cabría pensar que el Ministerio de Fomento quisiera recuperarlo para sacar plusvalías en un momento de subida de precios de los terrenos edificables en Madrid

La responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, Marta Mendiola estuvo en Ginebra durante el período de examen a España de este Comité DESC. "Es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos, así como que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas. En España la protección jurídica de estos derechos es menor que la que tienen los derechos civiles

El Gobierno ha suprimido la ayuda de 200 euros mensuales para pensionistas propietarios de una vivienda para afrontar el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos del texto final del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entró en vigor este domingo, pese a estar incluida en el texto inicial.

La secretaria general de Housing Europe, una red de promotores de vivienda pública europeos, participa en unas jornadas sobre el sector en Barcelona"

El fiscal presenta un informe ante el juez, que investiga por lo penal la venta de miles de viviendas públicas a un fondo buitre, en el que acusa a sus dos exdirectores generales (IVIMA Ana Gomendio y Juan Van-Halen) de cometer delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos;exigien que la investigación se centre en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos con Gomendio y Van-Halen como máximos responsables de una operación que, según explica, hace aguas desde la decisión de vender vivienda pública

David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública; ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de

Este fondo, que adquirió el parque de vivienda pública propiedad del Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA), había iniciado un procedimiento de desahucio por expiración del plazo pactado. Sin embargo, el Juzgado desestimó la demanda impidiendo el desahucio de esta familia que carece de alternativa habitacional.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha solucionado el problema que desde hace años acuciaba a María Muñoz, una vecina de Cádiz de 88 años que iba a ser desahuciada de su vivienda el próximo 27 de junio, ya que ha comprado el piso para que la mujer pase en él el resto de su vida.

La auxiliar de enfermería Sonia Sancho se marcha de la isla al no encontrar un piso donde vivir. Ella se ha visto "obligada a hacer las maletas y marcharse de la isla" porque no encuentra una vivienda en la que "ver crecer a su hijo de siete meses", pese a tener una plaza fija en el Hospital Can Misses y un suelo de 1.800 euros netos al mes.

A partir de agosto, para intensificar la vigilancia...

Un 3% de los propietarios de viviendas en España las tiene vacías, una cifra similar a la del año pasado, pero un punto más baja que en 2022. Esta caída la ha propiciado la ley de vivienda que entró en vigor en 2023 y que, entre otras medidas, incluye una penalización a los dueños de pisos desocupados que consiste en un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que puede llegar al 150%.

¿Quién iba a pensar que Raspberry Pi, el fabricante de los diminutos y baratos ordenadores de placa única, se convertiría en una empresa pública? Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo: Raspberry Pi cotizó en la Bolsa de Londres el martes por la mañana a 2,80 libras esterlinas por acción, lo que supone una valoración de 542 millones de libras esterlinas, o 690 millones de dólares al cambio actual. Poco después, las acciones de la empresa subieron un 32%, hasta 3,70 libras.

Acabo de ganar la batalla al cáncer de próstata. Ha sido una lucha contra el reloj de meses en los que me he topado con muchos, demasiados obstáculos en la sanidad pública. Eternas y angustiosas esperas, que irremediablemente me han acabado empujando muy a mi pesar hacia la sanidad privada. Me estaba jugando la vida y me urgía buscar una salida que la sanidad pública ha sido incapaz de darme. Ha sido una decisión dolorosa para alguien que como yo es ferviente defensor, casi obsesivo, de la sanidad pública, convencido de que es uno de los grande

La situación de la vivienda ha llegado hasta el punto de que se están alquilando partes de la vivienda para dormir, como el caso de una oferta del alquiler de un sofá para dormir por 200 euros la noche, en una noticia de la que se ha hecho eco 'Espejo Público'.

Optar a un puesto de trabajo sin conocer de antemano el salario o trabajar sin saber cuánto ganan nuestros compañeros de mesa pronto va a ser cosa del pasado.

Los vecinos de seis barrios madrileños se han organizado para plantarle cara al fondo buitre Azora y sus cláusulas abusivas. A través de su gestora Nestar, el tercer mayor casero de España asfixia a las familias alquiladas con subidas del alquiler que pueden ascender hasta los 700 euros al mes tras el trascurso de los tres primeros años de contrato. Los más de 900 afectados, lejos de ceder o amedrentarse, se han organizado en torno al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y han convocado una “huelga de alquileres”.

Se desvelan los precios que pagan los publishers por emitir sus tráilers en el Summer Game Fest o The Game Awards, llega al medio millón de dólares. Con la cancelación definitiva del E3, la industria del videojuego tiene en los eventos de Geoff Keighley el mayor y más mediático escaparate para mostrar sus novedades.