España tiene una Ley de Secretos Oficiales opaca, poco garantista, parida en 1968, en pleno franquismo. Un lastre para la democracia plena. Hablamos de un asunto que no determina el voto de nadie, que no protagoniza encendidos debates políticos y que, sin embargo, es troncal para determinar la transparencia de un estado y la salud de su Gobierno. Amnistía Internacional acaba de lanzar una campaña en la que defiende que la reforma de esta norma es “improrrogable”,
