La calidad del aire que respiramos en las ciudades se ha colado en el debate político europeo. 363 eurodiputados apoyaron anteayer la nueva posición para mejorar la calidad del aire en la UE, mientras que 226 votaron en contra y 46 se abstuvieron. Según el texto aprobado, el Parlamento quiere un límite más estrictos que los actuales para el año 2035 y valores objetivo para varios contaminantes, incluyendo partículas (PM2,5, PM10), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono (O3).

94.000 megavatios hora de electricidad produjeron las 18 depuradoras que cuentan con motogeneradores y turbinas alimentados con biogás, un volumen equivalente a la demanda eléctrica anual de una población de más de 72.000 habitantes, como puede ser Majadahonda. Canal obtiene este gas mediante el tratamiento de los fangos retirados del agua residual, que lo liberan durante su almacenamiento en grandes digestores: a través de este proceso, la empresa obtuvo el año pasado 52 millones de metros cúbicos de biogás en sus estaciones de depuración.

Dani Esteve, más conocido por ser el fundador de la empresa Desokupa, encargada de vaciar de okupas ilegales las viviendas (porque si tienes que esperar a que lo haga el Sanchinbanqui vas listo) ha hecho unas declaraciones controvertidas esta mañana y ha anunciado que piensa ser «uno de los cabecillas del ejército de la calle» si las urnas no dan el resultado que tienen que dar (echar al Sanchichoncio). ¿Qué está queriendo decir esta persona que a la que hemos dado todo el espacio posible para dar sus opiniones durante los últimos años?

La Fiscalía ha pedido 2 años y 10 meses de cárcel para el exlíder del PP catalán, Xavier García Albiol, por un delito continuado de prevaricación urbanística y medioambiental. El escrito se presenta esta mañana en el juzgado de instrucción 4 de Badalona, en la causa que investiga la colocación de unas antenas de telefonía. Además de la cárcel, la Fiscalía pide para Albiol 9.000 euros de multa y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y 17.000 euros de responsabilidad civil.

La denuncia, por un presunto delito de injurias a las instituciones del Estado, se fundaba en las críticas de la dirigente de Unidas Podemos a los jueces por su aplicación de la conocida como ley del 'solo sí es sí'