Si una noche cualquiera un policía se cruza en tu camino, apártate. Disimula. Mira al suelo e intenta pasar desapercibida. Es triste, terriblemente triste, hablar así en un Estado de derecho, pero en España hoy día este es el mejor consejo que se puede dar. Como en los Estados autoritarios, aún son muchos los jueces y fiscales que entienden que su papel es castigar a los ciudadanos antes que controlar los excesos del poder

Y, si además dedicas tu tiempo libre a la literatura, eres lo peor. Pero no lo digas, que entonces te acusan de ir contra la policía y tal. Fdo. Un policía izquierdoso.

Un conflicto laboral en la pastelería 'La Suiza' ha terminado con una condena a seis cenetistas que, si los recursos no prosperan, irán tres años y medio a la cárcel. Condenadas por coacciones graves reiteradas y obstrucción a la justicia, todo lo que hicieron fue negociar con el abogado de la empresa y manifestarse para dar a conocer el caso.

Tras la absolución de la vía penal en 2016, dos Juzgados de lo contencioso-administrativo han anulado recientemente las multas que impuso Delegación de Gobierno a los activistas de Antimilitaristes-MOC a través la Ley de Seguridad Ciudadana por falta grave de “intrusión e interferencia en instalación que presta servicios básicos”.

Pablo Echenique capea esta entrevista en el filo entre la reivindicación del Gobierno con el PSOE y la determinación de hacer valer la identidad y el programa de Unidas Podemos. El portavoz de los morados en el Congreso repinta las líneas rojas en la negociación presupuestaria con sus socios –la 'ley mordaza' y la de vivienda y el gasto en Defensa–, al tiempo que pide topar también las hipotecas pese los recelos del presidente Sánchez. ¿Yolanda Díaz? Respetuosa cautela sin hacer de «exégeta» de sus intenciones.

PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición aprobar “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. La derogación de parte de esa norma que vio la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta, fue además uno de los principales compromisos que el Ejecutivo progresista adquirió con todos aquellos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual, como son la obligación de transmitir una imagen respetuosa de las personas con discapacidad, la protección de los usuarios respecto a contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer o la veracidad de la información. Qué es veraz o no, ofensivo contra la mujer o no o atenta contra las personas con discapacidad será decidido por parte del Estado.

Los políticos españoles han aprobado la nueva "Ley de Comunicación Audiovisual". Que instituye una secuencia de obligaciones, limitaciones y prohibiciones a los influencers, streamers, youtubers, vloggers... bajo amenaza de multas y embargos. Esta ley, se entiende, perjudicará tanto a los residentes en España como a los que tengan su residencia en Andorra, mientras posean vínculos económicos con España. Relacionada: menea.me/27bxr

Colectivos sociales, vecinales y ambientalistas denuncian los "cargos desproporcionados, en lo que constituye un claro intento de amedrentar y criminalizar la movilización social de cara al futuro"

El caso del reconocido fotoperiodista, multado mientras trabajaba en el muelle de Arguineguín, ha provocado una ola de solidaridad con su labor y de denuncia a la Ley de Seguridad Ciudadana.

El fotoperiodista y ganador del Premio Pulitzer en 1995 lleva más de 40 años cubriendo conflictos alrededor del mundo y otros 25 informando sobre fenómenos migratorios. En una entrevista con 'Público' cuenta cómo le ha afectado la aplicación de la polémica norma a la hora de ejercer su trabajo.

Organizaciones sociales y el Consejo de Europa han instado a derogar ambos preceptos al entender que "permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue siendo una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes, lo que complica la previsión de que el texto esté aprobado antes del verano. La propuesta del Gobierno no gusta ni a unos ni a otros. Primero fueron los sindicatos de policía salieron a la calle para protestar contra las enmiendas de PSOE y UP por "imponer" una "reforma grillete". Después más de cien colectivos sociales reclamaron en 20 ciudades la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada".

En la denuncia y el expediente sancionador se menciona el artículo Crónica y vídeo de una intervención policial desproporcionada, firmado por Diego Díaz, y de cuya parte audiovisual es responsable otro de los denunciados, Nacho Durán. «Esto no es una noticia. Tampoco un reportaje. No son versiones de hechos que me hayan contado otras personas. Es la crónica personal que debía a Nortes de algo de lo que fui testigo la madrugada del domingo pasado en Xixón

El acuerdo para la investidura de Pere Aragonès entre ERC y la CUP recoge explícitamente nueve medidas relativas al orden público, algunas de las cuales se han cumplido ya, como la puesta en marcha de la comisión parlamentaria para revisar el modelo de orden público o la retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas. Pero también figura el compromiso de poner en marcha mecanismos y protocolos para la "no aplicación de la ley mordaza cuando esta vulnere el derecho a la manifestación".

Trabajadores de Tubacex, ITP Aero, Petronor y el metal de Bizkaia han creado una plataforma para alertar de la “avalancha” de sanciones recibidas estas últimas semanas por parte de la Ertzaintza...

El comité de empresa de Tubacex ha denunciado «la avalancha de multas que se están notificando a trabajadores y al propio comité» en aplicación de la llamada Ley Mordaza por su participación en las protestas laborales que protagonizaron durante la última huelga.

Hoy se cumplen 7 años de la aprobación de la Ley Mordaza. Este artículo repasa los efectos de esta norma, cómo se utilizó para acabar con la protesta social y resume los puntos que se están debatiendo reformar en el Congreso de los Diputados

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada hace exactamente siete años en solitario por el PP, se tildó rápidamente de Ley Mordaza por diversos organismos que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en España. La medida legislativa, que no cumple con los estándares internacionales en torno al derecho de reunión, manifestación e información, sigue causando estragos entre activistas, periodistas y población en general.

Abascal votó contra la ley que prohíbe vender a pérdidas y contra el cambio en la ley mordaza que amplía el derecho de protesta. Ahora lidera una manifestación con piquetes violentos contra la venta a pérdidas. Es labor del periodismo contar que miente, no solo ponerle el micro.

La empresa de tasación "UVE Valoraciones" apunta a que la oferta de vivienda en alquiler ha caído a mínimos históricos y está un 28 % por debajo de la que había en 2020. Según la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), la oferta de inmuebles disponibles para alquiler habitual se ha desplomado un 30,5%. También el Banco de España ha alertado de los efectos negativos que puede conllevar el control de los precios del alquiler de forma sostenida y sin medidas estructurales que aumenten la oferta. La entidad calcula que hacen falta

La norma prometía facilitar el acceso a la vivienda y garantizar por igual en toda España el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, limitando las subidas de los alquileres y protegiendo a los inquilinos más vulnerables, entre otros puntos. Un año después, la llave para poner en marcha una parte importante de la ley impulsada por el Gobierno de coalición está en manos de las comunidades. Mientras tanto, el precio de la vivienda no deja de crecer y sigue suponiendo una carga asfixiante para muchas familias.

Analizamos con expertos del ámbito académico, del activismo y del sector empresarial cómo enfocar la crisis habitacional y saber si la Ley que entró en vigor hace un año ha tenido efecto. Lo más comentado es la mercantilización de la vivienda y la falta de vivienda social y asequible.

Ione Belarra: "Me dicen por el pinganillo que Ana Rosa Quintana dedicó ayer buena parte de su tertulia a criticar nuestra nueva Ley de Medios, que hemos propuesto que los jefes de los medios de comunicación y los grandes presentadores de televisión tengan que hacer una declaración de bienes igual que hacemos los diputados y las diputadas. Y seguramente esto tiene que ver con que Ana Rosa no quiere que se sepa que tiene 44 pisos turísticos y quizás ese es el motivo por el que habitualmente se dedica a hablar del supuesto problema de ocupación..

Ley del suelo: 25 de marzo, Podemos anuncia que se opondrá. 26 de marzo, el Consejo de Ministros con Sumar dentro, la aprueba. 29 de abril, Podemos presenta una enmienda a la totalidad. 21 de Mayo, Sumar anuncia que apoyará esas enmiendas. 23 de Mayo, el PSOE rechaza presentarla.

El Gobierno da un paso atrás y retira el proyecto para modificar la Ley del Suelo. Un texto que rechazaba Sumar y que tampoco contaba con el respaldo del PP, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha buscado en los últimos días.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de vivienda del presidente Pedro Sánchez pero con salvedades, ya que ha decidido por mayoría estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la ley por el derecho a la vivienda. Como viene siendo habitual en este tipo de decisiones, los magistrados pertenecientes al sector conservador han anunciado voto particular.

Hoy había miles de personas pendientes del Congreso, con miedo a que se avanzara en el camino de prohibir su trabajo.

S.P.G acudió al Registro Civil para modificar su condición sexual un 4 de octubre de 2023. Ni siquiera se cambió el nombre. Ni siquiera se afeitó la barba. La ley no obliga a hacerlo. Pocos días antes, el 1 de septiembre, su mujer había interpuesto contra él una denuncia por maltrato. Luego se retractó, una reacción habitual en las víctimas, sobre todo entre las que tienen hijos en común. El historial de S.P.G acaparaba por entonces varios antecedentes: dos denuncias por acoso y abuso sexual y otras dos más por estafa con tarjetas de crédito.

Aunque en el movimiento feminista hay división de opiniones sobre cómo afrontar el complejo mundo de la prostitución, el PSOE es abolicionista y, bajo esta premisa, ha registrado una ley en el Congreso, cuya admisión a trámite se debate este martes, que no prohíbe la prostitución por completo pero sí está destinada a “prohibir el proxenetismo en todas sus formas”, como primer paso hacia la abolición.

El magistrado explica en el auto que si el plan de reestructuración propuesto cumple prima facie con todos los requerimientos formales, de contenido y de motivación exigidos por el texto refundido de la Ley Concursal, ha de ser judicialmente homologado.

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha presentado este sábado una ley contra la especulación inmobiliaria que, entre otras propuestas, amplía a diez años la duración de los contratos de alquiler e impone un límite del 2% de viviendas turísticas. La ley pretende frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda en un país que "vive una auténtica emergencia habitacional", ha dicho Montero en declaraciones a EFE antes de presentar la norma en un acto del partido.

El Congreso de los Diputados decidirá la próxima semana si se debe cambiar la legislación española sobre la prostitución, una realidad atravesada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza y sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía precisa de la situación. Modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio.