La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

En marzo, el barco había capturado 175 toneladas de merluza negra, sin contar con la habilitación correspondiente. A través de un fallo judicial se resolvió el embargo definitivo del barco por daño ambiental perpetrado.

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.

El presidente argentino, Javier Milei, aprobó un plan para enviar cinco de sus obsoletos e inoperativos aviones de combate Dassault Super-Étendard a Ucrania. El plan considera un posible intercambio con Francia, que se encargaría de las actualizaciones necesarias de los aviones y enviaría equipos militares como drones o helicópteros. El rol de Francia aparece como clave en este planes clave para superar este escollo geopolítico, y los ministros trabajan desde hace semanas para avanzar en esta jugada secreta que involucra también a Estados Unido

La Comisión Europea considera que no se ha cumplido el hito 201, que exige la asignación de al menos 90 millones a pymes bajo el programa de digitalización Agentes del Cambio. España sufrirá el primer embargo parcial de fondos europeos. La Comisión Europea ha comunicado este miércoles al Gobierno su decisión de retener parte de los 10.000 millones del cuarto pago por incumplir uno de los hitos pactados, relativo a la asignación de dinero a pymes para su digitalización.