El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

El magistrado de la Audiencia Nacional critica las acusaciones de 'lawfare' por parte de otras instituciones del Estado

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando "dos bloques" que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés --parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea--.

El Juez Peinado es propietario de una parcela en La Adrada, Ávila. Como propietario detenta la condición de promotor de cualquier obra en el recinto de su parcela desde que se hiciera cargo de la misma y como promotor, de concurrir, sería responsable de la comisión de infracciones urbanísticas por acciones u omisiones referidas al cumplimiento de deberes urbanísticos en dicha parcela.

Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.

El juez federal Christopher López ordenó la liquidación de los bienes personales del teórico de la conspiración Alex Jones para compensar a las familias de las víctimas de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, a quienes debe más de $1,500 millones en concepto de daños y perjuicios por difamación. No quedó claro de inmediato qué sucederá con Free Speech Systems, la empresa matriz de Infowars que Jones convirtió en una fuente de ingresos multimillonaria durante los últimos 25 años. Relacionada: menea.me/2btwk

El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) guarda silencio ante las irregularidades del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Consistorio para saber si procederá a realizar una inspección en el chalet de lujo que posee en el mencionado pueblo a raíz de las informaciones desveladas por este medio pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

En concreto, tal y como ha tenido conocimiento en exclusiva ElPlural.com, la justicia obligó al juez que lidera la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abonar la cantidad 75.366,61 euros a raíz de haber acometido las obras del chalet de lujo en su parcela (de 2.866 metros cuadrados de superficie) que aún a día de hoy figura en el Catastro Inmobiliario como un almacén.

El magistrado Joaquim Bosch le recuerda a Ana Vazquez (PP) que fue Rajoy, que ya tenía experiencia bloqueando la renovación del CGPJ, quien llevó a cabo la Reforma que ahora no quiere aplicar.

Esto del padre de la concejala del PP de Pozuelo de Alarcón, Patricia Peinado, es ya una vergüenza que no puede obviar el CGPJ.Llama para declarar al jefe de seguridad del Complejo de la Moncloa, para aclarar el recibí de la citación a Begoña Gómez.

La actual alcaldesa del municipio de La Adrada, Pilar Martínez(PP), ha asegurado que bajo su mandato ella no ha concedido licencia de primera ocupación al chalet familiar del juez Peinado. Se da la circunstancia que responsables anteriores del Ejecutivo municipal, según han explicado fuentes municipales a este medio, tampoco habrían concedido esa primera licencia de ocupación.

Dicho chalet de lujo ha generado enorme polémica en el pueblo La Adrada (Ávila) desde hace muchos años. Se construyó en el año 2000 y se registró como almacén, nomenclatura bajo la que se mantiene a día de hoy, aunque en realidad acoge una gran vivienda edificada sobre una parcela de 2.866 metros cuadrados, según refleja el registro de la propiedad

En el escrito, el abogado Antonio Camacho invoca la tutela del derecho de defensa para requerir al juzgado que "aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia" del mismo

Alvise amenaza a la juez que rectifique el auto de detención a Vito Quiles y diga que es un error sino publicará cosas. Este es el modus operandis, la amenaza la publica a las 12:59 cuando la corrección de la juez fue publicada a las 12:28 en El Mundo. Sus seguidores se creen sus mentiras, animan a Alvise en sus amenazas y se creen que la rectificación de la juez es gracias a esa amenaza en diferido cuando Alvise ya sabía antes que la juez había corregido. Viven en un mundo paralelo. x.com/JulianMaciasT/status/1800855973604516304

No ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de la esposa del presidente, que está citada el 5 de Julio El magistrado investiga quién firmó en nombre de Begoña Gómez su citación como imputada. El reglamento de la EPPO establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito".

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

El instructor del 'procés' da un plazo de cinco días a las partes para informar sobre la aplicación de la norma al expresidente catalán y otros tres procesados

La Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parte de la investigación que afectan a fondos comunitarios, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia. Se trataría de la parte que afecta a la UTE en la que participó el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor de quien la mujer del presidente del Gobierno realizó dos cartas de recomendación.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado el primer paso para imputar al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, por revelación de secretos. Así se extrae de la Diligencia de Ordenación y que ha sido firmada este 7 de junio por el letrado de la Administración de Justicia, Enrique Calvo Vergara.

El propio juez tenía el DNI de la esposa del presidente desde ocho días después de la incoación judicial de la causa. El 24 de abril, el juzgado de instrucción número 41 que dirige Peinado registró el escrito de personación en procedimiento de Begoña Gómez y el documento de representación de su abogado, el exministro Antonio Camacho. En ese documento se identifica claramente el DNI de la esposa de Pedro Sánchez.

Reclamaron por escrito a la facultad de Derecho el pasado mes de febrero que retirara de la docencia al juez del caso Begoña por supuestos comentarios islamófobos y poner trabas a un discapacitado. Cerca de 50 alumnos de Criminología elevaron una denuncia el pasado mes de febrero a la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, contra el profesor de la asignatura de Ciencia Penitenciaria.