Los vocales elegidos a propuesta del PP ven “imprescindible” la supresión de esa norma. Y así se lo ha hecho saber esta semana a sus interlocutores del ala socialista en el marco de las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar. “Valoraremos como muy conveniente un comunicado conjunto reclamando el restablecimiento de las competencias constitucionales del CGPJ mientras no se produzca su renovación”, afirmaron este jueves en una comunicación pública.

Los vocales elegidos a propuesta del PP siguen sin proponer ningún candidato aunque dicen ahora que es “imprescindible” hacer unos nombramientos que acumulan un mes y medio de retraso.

Faltan 12 días para las elecciones, pero los tribunales de todo el país ya están lidiando con esfuerzos para sembrar dudas acerca de los resultados. Se han radicado más de 100 demandas relacionadas con los comicios de mitad de término del 8 de noviembre. Los cuestionamientos, generalmente de republicanos, se enfocan más que nada en las reglas que rigen el voto por correo, el voto anticipado, el acceso a las urnas, el equipo a ser usado, los empadronamientos, el recuento de votos en ausencia y el acceso de los observadores de los partidos.

Una vez naufragadas las negociaciones entre los dos partidos, la mayoría vuelve a coincidir en los calificativos a la situación creada: "Estamos sorprendidos", "es alucinante", "un mazazo", "desesperante", "muy preocupante", son las primeras palabras que responden varios miembros de la cúpula judicial consultados por NIUS.

Los nacionalistas vascos afirman que están dispuestos a "ayudar" para que haya un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y creen que "todo puede precipitarse"

El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial comienza a dilatarse más de lo deseable para el Gobierno. «Está hecho», aseguran a este diario fuentes socialistas, que no ocultan las suspicacias que les genera la tardanza en materializarse. Las sensaciones después de la reunión, hace ya dos semanas, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa fueron positivas y mientras transcurre la negociación se siguen trasmitiendo señales de optimismo. «Vamos avanzando, cada día un paso más».

La entidad sectorial manifestó “su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos” y reiteró el argumento de la “intangibilidad” y la exención del impuesto a las ganancias decidida por la Corte Suprema menemista en 1996. Un impuesto a las ganancias decidida por la Corte Suprema menemista en 1996. Un privilegio que separa a los magistrados del resto de los trabajadores.

El secretario general del Consejo General del Poder Judicial, José Luis de Benito, alerta en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo de que, de no paralizarse el acuerdo que designa a Rafael Mozo presidente suplente del CGPJ, se producirá un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación.

Que un juez entre en prisión por delinquir debería ser normal. Y hacerlo por alterar el normal funcionamiento jurídico debería ser prioritario para un país que quiere dar ejemplo.Pero en España no va así la cosa. El exmagistrado Alba ha presentado nuevas alegaciones para tratar de que se anule el auto. No es la primera vez que lo hace, ni la segunda.Apenas hay media docena de jueces que han sido expulsados de la carrera por prevaricar, beneficiar a narcos o mantener un bajo rendimiento. Seis en 40 años.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha denunciado que la mentalidad de España de "aplastar" a las instituciones de Catalunya "sigue viva en muchos estamentos del Estado", pero "ahora no lo hacen con pelotones de fusilamiento, sino con pelotones vestidos con toga". Aragonès ha optado por otro tono. Frente a la tumba de Companys el president ha destacado la importancia de su defensa de la justicia social y la libertad.

La historia de la Operación Catalunya tiene puntos de conexión sorprendentes. El último ejemplo es que la instrucción del caso Pegasus en la Audiencia Nacional la dirige José Luis Calama Teixeira , el mismo juez que instruyó y archivó otro caso de espionaje de la operación policial contra el Procés, el de los 33 jueces que firmaron un manifiesto en defensa del derecho a decidir y que acabaron delatados por La Razón .

La Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria acceden al 75% de los puestos en las salas de gobierno aunque solo representan al 41% de los magistrados

El documenta que se emitirá en el programa "Sense Ficció" hace una radiografía del sistema de elección, por cuotas políticas, de los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y de la Audiencia Nacional, en un documental de TV3 dirigido por Albert Elfa y Ricard Belis. (CAT)

El intento in extremis de los fiscales Anticorrupción Grinda y Rosa para revertir el desastre producido en Benidorm por el “olvido” de la prórroga para la Instrucción del mayor caso contra la mafia rusa en una década se ha estrellado contra la realidad. La Audiencia de Alicante les ha contestado con una sucinta providencia que no ha tenido lugar porque el auto de sobreseimiento de la jueza de Benidorm, Elena Zabalza, no admite recurso.

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibió la sentencia del TSJM, este tribunal ha comunicado a Isabel Serra que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse manifestado frente a un desahucio. Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que le impusieron en la sentencia) desde que fue condenada, y le impedirá presentarse en cualquier lista electoral hasta 2025.

La Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo: “no han respetado el límite constitucional del respeto a la ley”. Ambos tribunales repiten hasta la saciedad que el sistema de ayudas a través de las “transferencias de financiación” que se arbitró para hacer frente a los ERE era un sistema “ilegal”, a pesar de que tal sistema figuró durante diez años consecutivos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.Se hace abstracción del “principio de legalidad” para poder calificar de “ilegal” un sistema de financiación.

Jesús Maria Barrientos, que tiene el mandato caducado desde enero del 2021 por el bloqueo del CGPJ, ha asegurado que esta disputa política perjudica el trabajo de los jueces y su credibilidad ante la ciudadanía. "Los ciudadanos pueden estar tranquilos, sus casos serán resueltos por jueces profesionales e imparciales, que nada tienen que ver con las luchas partidistas, y sobre todo, nada deben al poder político".