Las actas de residencias en Madrid, redactadas por la Policía Municipal durante lo más duro de la pandemia y que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, trata de esconder, muestran la cruda realidad que se vivió en estos lugares durante aquellos días.

ElPlural.com ha accedido a las actas de las residencias redactadas por la Policía Municipal de Madrid durante la peor etapa de la pandemia. Escritos que dibujan milimétricamente los horrores vividos y experimentados en estos centros de mayores, con personal exhausto, órdenes contrapuestas y una tónica general: si los internos hubiesen sido trasladados a tiempo a un hospital muchas vidas se hubieran salvado. La hemeroteca no miente: solo entre los meses de marzo y abril, durante la primera ola de la crisis sanitaria, fallecieron 9.468 personas e

El Ejecutivo regional abonó en 2020 por estos servicios a la Iglesia 396.538 euros a pesar de que ese año las residencias estuvieron varios meses cerradas por la pandemia.

Las compañías que más fondos recibieron de la PAC en 2022 sumaron 536 millones de los más de 7.500 millones que se distribuyeron en España en ese ejercicio. En ese listado de grandes beneficiarios se encuentran algunos de los grandes operadores del sector. Entre ellos, la cooperativa de aceite Dcoop, la Corporación Alimentaria Peñasanta, que está detrás de marcas comerciales como Central Lechera Asturiana, empresas conocidas como Bimbo Donuts y el grupo de bebidas alcohólicas González Byass, Bodegas Faustino, Codorniu o Mercadona.

Casi 70.000 metros cuadrados de la montaña de Cullera cercanos al castillo y a los restos de la fortificación carlista de l’Alt del Fort han dejado de ser zona verde, como había dispuesto el ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana sino que recuperaran su condición de solares edificables, tal y como dispuso la ley franquista de 1965

Señaló que “uno de los desafíos más preocupantes al que nos enfrentamos como región es la creciente amenaza que representa tanto China como Rusia e Irán. Es consternante que dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua se prestan como bastiones de mal para Pekín, Moscú y Teherán”.

Reportaje de Luisito Comunica sobre las prisiones de El Salvador

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha cumplido este miércoles con su advertencia y ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno, sobre los que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado, para no ser “cómplice” de Pedro Sánchez. Con ello, provoca un nuevo retraso a la aprobación de las cuentas públicas de 2024 y pone en riesgo no solo el aumento de la capacidad financiera de las comunidades autónomas, sino también la transferencia que los gobiernos regionales.

La Comunidad de Madrid echa un pulso al Gobierno y rebaja un 65% el alquiler de las pistas en el lado madrileño, que la propia empresa dio por deficitarias sin las instalaciones en el lado de Castilla y León que la Justicia obliga a desmantelar. Las pistas de la Comunidad de Madrid no tienen cañones y, por lo tanto, no hay suficiente nieve para esquiar. De ahí que la estación se revele “inviable”. “El puerto de Navacerrada está perdiendo la oportunidad de ser restaurado como el Puerto de Cotos”, analiza Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción.

El avetoro común, considerado En Peligro Crítico en el Libro Rojo de las Aves de España, es un buen representante del estado de los humedales donde habita. Su escaso número y su mimético plumaje pardo que la camufla perfectamente en los carrizales donde nidifica, la convierten en una de las aves más difíciles de observar de la fauna ibérica. Más fácil resulta localizarla por su canto, un característico “mugido” que la delata durante las noches de primavera, en su periodo reproductor.

La fosa es una de las tres del camposanto de Jaén donde los investigadores creen que están los restos de 1.286 personas asesinadas por la dictadura franquista. Sus familiares llevan más de 80 años esperando la exhumación de los cuerpos.

Los vecinos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja, en Estepona (Málaga), han denunciado ante el juez al presidente de la misma, Stephen Hills, al haberse puesto un sueldo con cargo a los presupuestos comunitarios. ¿La cifra? 86.700 euros brutos anuales. "Lo confirmo, efectivamente", ha declarado a EL ESPAÑOL David Valadez, el abogado que representa a los comuneros de esta urbanización de lujo de la Costa del Sol que han llevado a la justicia la situación.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras denuncian una oleada de impagos “sin precedentes” por parte de la Generalitat Valenciana. Los retrasos en las nóminas y otros errores en las mismas afectan a los departamentos de Igualdad y Servicios Sociales, Educación y Agricultura, tanto a personal de la propia administración como de organismos autónomos y empresas concesionarias.