El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

Entre los cuestionamientos que realizan las asociaciones está que nunca se notificó la composición del tribunal de apelación, no hubo audiencia y no se mencionó quiénes presentaron los “amicus curiae”, o sea, los recursos para ampliar la información en defensa del exvicemandatario. Asimismo, catalogan como un “atropello a las normas básicas de las relaciones entre Estados soberanos” la negación del asilo político concedido por México a Glas.

Con una ley de prensa de la dictadura aún vigente y numerosas normas, disposiciones y artículos, el receptor de información está inerme ante el caos de las 'fake news'. "sigue vigente una ley firmada desde el Palacio del Pardo por Francisco Franco: la ley de prensa de un dictador”, la llamada 'ley Fraga de Prensa e Imprenta', promulgada en 1966"

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, autor de la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha denunciado ahora por delitos de malversación al hermano del presidente del Gobierno.

En un auto el juez motiva la decisión de citarlo como investigada en dos elementos. El primero, su “sospechoso parecido con Pedro Sánchez”. El segundo, en aras de “una instrucción lo más ágil posible”, dado que se asume que “el muñeco tiene disponibilidad absoluta”.

Manos Limpias ha interpuesto una denuncia en el juzgado de lo Contencioso Imaginativo contra Pedro Sánchez al asegurar que éste podría estar implicado en muchas de las decisiones tomadas desde el Gobierno.

Tiene mérito haber logrado, a base de abuso de la herramienta, que no esté nada claro si la imputación de la mujer del presidente ayudará a la derecha o animará al votante de izquierdas cansado de tramposos que no disimulan. Todo esto es un drama para el país, por supuesto, pero también un problema para los dueños de un cortijo construido sobre la idea socialmente aceptada de cierta neutralidad. En la derecha saben que el invento, útil tiempo atrás contra Podemos o los partidos independentistas, está dejando de funcionar.

El líder del PP carga contra el Gobierno en una comparecencia sin precedentes en Génova rodeado de casi todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional

"Los líderes de Podemos, Ada Colau o Mónica Oltra fueron objeto de investigaciones judiciales largas e injustificadas que influyeron en que perdieran las elecciones. Todas las acusaciones en su contra se archivaron sin necesidad siquiera de juicio, pero su reputación quedó dañada. Ahora sabemos que todo eso era solo un ensayo para operaciones de más envergadura dirigidas precisamente contra quienes entonces guardaron silencio. Un error terrible. Porque lo que está en juego no es la inocencia de nadie, sino la esencia misma del Estado de derecho

Un juez le pidió unas facturas a Monedero, se las dio y en cuanto las abrió dijo que no había caso. Tardó dos años en abrirlas, en estos dos años millones de portadas en todos los medios y tertulias.

Dos han sido las peticiones de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza ante la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz: el indulto de los cuatro jóvenes antifascistas condenados a cuatro años y nueve meses de prisión tras participar en una manifestación contra Vox y la derogación de la Ley Mordaza y los artículos más lesivos del código penal que hacen referencia al derecho a la protesta. Denuncian que la única prueba que se utilizó para condenar a los jóvenes, fue el testimonio de la Policía

Tenemos jueces a los que se escucha porque hablan como jueces, pero con opiniones de ciudadanos y hay que diferenciar. El Poder Judicial no opina. Jueces vestidos de jueces, con sus togas, protestando en la puerta del juzgado contra una ley como la de amnistía. Ahí tenemos un precedente español pésimo: jueces a los que no les importa vestirse de jueces para hablar de política en la calle. Yo, personalmente, a un juez que, con su toga, opina de política lo sancionaría o lo expulsaría de la carrera,

Desde su llegada a la presidencia del Gobierno en octubre de 2022 la líder ultraderechista ha tenido como prioridad marcar la agenda de los medios de comunicación y, en la medida de sus posibilidades, controlar lo que estos dicen de su gestión. Lo ha hecho bajo el falso argumento —repetido en la campaña electoral que le dio la victoria— de que durante años la derecha y la ultraderecha han estado marginadas tanto en los medios como en los círculos culturales. La primera ministra se dispone a vender la segunda agencia de noticias del país....

El lawfare, o guerra jurídica, es uno de los términos que han marcado la actualidad política en España en las últimas semanas.

La coalición aprovecha la decisión del presidente del Gobierno para denunciar que a la exvicepresidenta se la "calumnió" en reiteradas ocasiones y reclama una condena a los usos "espurios" de la justicia.

“Todo comenzó en octubre de 2015, cuando Victoria Rosell decidió aceptar la oferta de ser la cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas”. “Alba y Soria ya se conocían bien por entonces porque el primero quería hacer carrera en el Poder Judicial (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y vocal del Consejo General del Poder Judicial) y el respaldo del ministro y presidente del PP canario era trascendental”

Discurso pronunciado por el periodista Carlos Sosa tras recibir el Premio a la Libertad de Expresión 2024 de la Unió de Periodistes Valencians...Al presidente del Gobierno le tengo que reprochar que haya tenido que ver en su propia casa, que sufrir en su propio entorno, los efectos perversos de uno de los principales agujeros que tiene nuestra democracia para decidirse a actuar. Bueno, a reflexionar y parece, que ahora sí, a actuar.

Primera: la superación de la figura del juez de instrucción en favor del fiscal investigador y el juez de garantías. Segunda: Regular el ejercicio de la acción popular. Tercera: Recuperar la responsabilidad civil de jueces y magistrados por sus propios actos. Cuarta: Transformar los juzgados en tribunales de instancia para que los jueces recién incorporados a la carrera lo hagan de forma colegiada dentro de las salas de justicia de las audiencias y tribunales.

El sumario de una investigación judicial iniciada hace casi dos años revela ahora que el juez Manuel García Castellón conoció un informe policial de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, remitido en junio de 2022 donde se informaba sobre esos planes contra el recién elegido líder socialista, entonces convertido en principal adversario del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Viñeta de humor corrosivo de Flavita Banana publicada en El País.