El texto obligaría a hospitales clínicas, instituciones oficiales y a la Iglesia a mantener y dar acceso —en un plazo de tres meses— a la documentación que pueda ser de interés a las víctimas de casos de bebés robados. También a los libros y registros sobre ingresos, partos o adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras dependientes del desaparecido Patronato de Protección a la Mujer, institución existente entre 1904 y hasta 1984 relacionada con varias denuncias de bebés robados.

El Fiscal General del Estado ha dado orden de perseguir la venta de participaciones preferentes. Y lo ha hecho creando un grupo especial dedicado a analizar este tipo de delitos.

El Movimiento contra la Intolerancia ha reclamado al Gobierno la creación de una Fiscalía Especial contra los Crímenes de Odio, con motivo del Día Internacional contra el Racismo, que se celebra hoy Además, la ONG anima a la sociedad española a erradicar la xenofobia y pide a los partidos políticos una Ley de Igualdad de Trato, que ampare y otorgue residencia permanente a los inmigrantes víctimas del racismo y de la intolerancia.

La Fiscalía recurrirá la providencia del juez Juan Carlos Peinado en la que rechaza la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de testificar por escrito en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios, informan fuentes fiscales. El Ministerio Público tiene la intención de presentar en el Juzgado el recurso sobre la declaración de Sánchez en la mañana de este lunes, la víspera de su citación como testigo.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

En dicha denuncia registrada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Público, Ábalos especifica que la difusión de material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno habría "sido consentida". En ese sentido, la investigación que solicita "se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta".

El ministerio público toma la iniciativa tras la decisión del juez Peinado de acudir el 30 de julio a La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno. Esta institución prevé tomar dicha iniciativa después de que el magistrado Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, haya acordado este lunes que irá el próximo 30 de julio al palacio de La Moncloa para, a partir de las 11.00, interrogar al jefe del Ejecutivo.

La decisión del juez de no esperar a conocer la opinión de la Fiscalía para denegar la amnistía a Puigdemont suma un nuevo capítulo a la polémica instrucción del magistrado. Fuentes jurídicas enmarcan la rapidez del juez Aguirre en enviar el caso al Supremo en un intento de evitarse un nuevo revés de la Audiencia de Barcelona. El juez desoyó hace tres semanas la orden que le habían dado sus superiores para enviar el caso a juicio o archivarlo y, en cambio, decidió seguir investigando la trama rusa.

Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír han anunciado este sábado que han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que tuvo relación Begoña Gómez.La Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española la parte principal del caso en la que está investigada Gómez en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc