La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos.Además de la privatización de la plataforma tecnológica y de la gestión, se privatiza también de forma encubierta la explotación. El Reglamento no sólo incrementa tarifas, también triplica las funciones retributivas de los actuales Registros Mercantiles.
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