La situación contractual de las trabajadoras domésticas se reguló en 2012, cuando, buscando regularizar un sector que funcionaba generalmente en B, se legisló la obligatoriedad de que los empleadores pagaran una cuota a la Seguridad Social. Sin embargo, las trabajadoras domésticas siguen sometidas a un régimen especial que les hace tener peores condiciones que el resto de asalariados. Su jornada laboral no está limitada a 40 horas, no tienen derecho a prestación por desempleo y su despido tiene una indemnización de solo 12 días por año.
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