La nueva Ley, bautizada “Ley de Transparencia”, entra en vigor solo en el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales dispondrán de otro año más para implementarla. La Ley ha sido criticada por diversos expertos por la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento (el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), por no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental y por no incluir informes, borradores y material de trabajo de las administraciones como documentos accesibles al público, entre
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