Los sucesos del pasado verano se han saldado con una multa de 930.000 euros a las cuatro navieras implicadas y una querella de la Fiscalía de Vigo por un presunto delito de falsificación de documentos y estafa a los usuarios del servicio público. Son las consecuencias de una práctica, la de vender más billetes que el cupo autorizado, que se viene repitiendo desde hace años y que se saldaba con multas mínimas, pero que el pasado agosto provocó un colapso.
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