Acto I, en el que el Legislador deroga una garantía protectora de la libertad de expresión. Acto II, en el que acaba pasando lo que pasa siempre que se deroga una garantía. Acto III, en el que la garantía constitucional que es expulsada por la puerta vuelve a entrar por la ventana. Mientras todo ello siga igual, nada impedirá que personas sin escrúpulos puedan manipular el proceso penal para intimidar a sus rivales políticos o sociales, sentándolos en el banquillo por hechos atípicos. Es urgente detener esta tendencia.
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