Acuerda la suspensión cautelar de la norma que obligaba a los mayores discapacitados bajo tutela de la Comunidad de Madrid, a disponer de una autorización judicial para recibir la ayuda a morir. El requisito no era exigible para quienes pudieran permitirse una atención privada. En su recurso, el Gobierno alegó que esta disposición del ejecutivo de Ayuso infringe hasta 4 artículos de la Constitución al vulnerar las competencias del Estado sobre legislación civil y procesal, por establecer requisitos procesales y civiles para el ejercicio de la…
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