En 1964, la petrolera Texaco (que años después sería absorbida por Chevron) llegaba a Ecuador. Allí firmó con el gobierno un contrato de concesión para la extracción de petróleo. Empezaba la contaminación de la Amazonía de ese país que culminó con la expulsión de la compañía a principios de los años 90. Años más tarde, el 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema ecuatoriana, en una sentencia histórica, confirmó definitivamente (tras 20 años de litigios) la condena a Chevron, que le obliga a pagar 9.500 millones de dólares
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