Cuando el gobierno español decidió instalar equipos de radar en su flota civil, intentó adquirir dichos equipos a través de Marconi Española, filial de la compañía británica del mismo nombre. Sin embargo, el hecho de que esos equipos pudieran tener una aplicación militar y que, de hecho, se instalaran en algunos barcos militares, llevó a una conversación a tres entre Gran Bretaña, Francia y EE.UU. La imposición final de los estadounidenses supuso la prohibición de la importación de equipos de radar y de comunicaciones en general a España.
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