Las víctimas exigen la nulidad de aquellas leyes que siguen garantizando la “impunidad” de estos crímenes, tales como la Ley de Amnistía, para acabar con la “herencia” y los “privilegios establecidos e institucionalizados por el franquismo”. También reclaman la apertura de procedimientos penales. Recuerdan además que España está obligada a cumplir los principios del derecho internacional que emanan de las sentencias de los juicios de Núremberg, así como el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por relatores de la ONU.
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