El de Sanlúcar era un lugar donde se auditaban o valoraban a los prisioneros. En función de su valoración, el preso tenía cuatro posibles destinos: se le permitía volver a su lugar de origen presentándose a la Junta de calificación (que la conformaban el alcalde, el jefe del movimiento de Falange, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el cura párroco), se le obligaba a apuntarse en el ejército franquista para salvar la vida, se le mantenía en prisión o se le llevaba “al paredón”, apunta el OCM.
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