En la España del siglo XIX fue uno de los principales puntos de fricción en el seno de liberalismo, entre moderados y progresistas. Tenemos que tener en cuenta que la legislación sobre el orden público atañe a la regulación de derechos como los de reunión, asociación y manifestación, muchos de ellos no reconocidos en un primer momento y que hubo que ir incorporando a los ordenamientos constitucionales. El ejercicio de estos derechos puede ocasionar conflictos que deben ser evitados o sancionados por el Estado.
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