La postura del ejecutivo hacia la ley ‘Don’t Say Gay’ ha causado una pesadilla de relaciones públicas. La Parental Rights in Education Bill prohibiría tratar temas de orientación sexual e identidad de género en las clases de Florida. También vetaría la ayuda a jóvenes de sexualidad no normativa en las escuelas (colectivo enormemente vulnerable que ya presenta altas tasas de depresión, ansiedad y suicidio), pondría en riesgo los puestos de trabajo de profesores LGTBIQ+, y daría a los padres la potestad de denunciar el contenido de las clases
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