A excepción de los afortunados que habían logrado escapar por Francia y los puertos del Cantábrico y el Mediterráneo, la ira de los rebeldes del 18 de julio cayó sobre los restos del maltrecho Ejército Popular de la II República. El simple hecho de haber defendido con las armas la legalidad de las urnas de febrero de 1936 quedó convertido en un delito de mayor o menor cuantía, por obra y gracia de los denominados “nacionales”, según la graduación militar de cada individuo o su significación política. La mayoría de los comisarios políticos, así
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