El 25 de marzo de 1936 entre 60.000 y 80.000 campesinos ocuparon y araron pacíficamente alrededor de 3.000 fincas en la provincia de Badajoz. El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de la Reforma Agraria, intentó primero evitar que se produjeran esas ocupaciones pero luego se vio obligado a reconocerlas ante la magnitud del movimiento. Se producía así un conflicto entre la legalidad republicana y el resultado de una acción de desobediencia civil de gran alcance frente a situaciones de "injusticia social" acumulada...
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