La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo introdujo en 2018 la obligación para las empresas de informar de la titularidad real de la sociedad. El TJUE ha dictaminado que ya no es obligatorio informar de la titularidad real de la empresa o sociedades. Considera el TJUE que se trata de un uso abusivo de los datos personales, que una vez son publicados no solo pueden ser consultados públicamente sino también difundidos. Esto constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales de estas personas.
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