Los dictadores y violadores de los derechos humanos que compren una propiedad en Londres y el Reino Unido y que utilizan para ocultar su riqueza podrían tener sus activos incautados con arreglo a la iniciativa del Parlamento Británico. La iniciativa cuenta con el amplio apoyo de todos los partidos. El laborista Chris Bryant dijo que las posibilidades de que se convierta en ley eran "bastante positivo". El proyecto de ley, que podría entrar en vigor en 2017, está diseñado para limpiar la reputación de Londres como refugio del dinero sucio.
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